Este martes, legisladores nacionales de Unión por la Patria (UxP) realizaron una presentación formal ante el Tribunal Oral Federal Nº2 en la que exigen el derecho a visitar a Cristina Fernández de Kirchner sin restricciones ni autorización previa.
El documento, firmado por diputados y senadores, argumenta que esas visitas están respaldadas por su mandato de representación popular, la división de poderes y las garantías institucionales del Poder Legislativo. La presentación sostiene que impedir estos contactos atenta contra el ejercicio pleno de sus funciones y constituye una injerencia del Poder Judicial sobre las facultades legislativas.
Los legisladores de UxP ratificaron que concurrirán cada vez que lo consideren necesario al domicilio de Cristina Kirchner, ubicado en calle San José, donde cumple prisión domiciliaria tras su condena en la causa Vialidad.
Entre los fundamentos principales del reclamo se destacan:
• Mandato de representación popular: Como representantes del pueblo, afirman que no necesitan autorización judicial para participar de asuntos de interés público, incluso si estos involucran personas detenidas.
• Facultades privativas del Poder Legislativo: Citan la Constitución Nacional para sostener que el Congreso tiene autonomía para ejercer su función sin interferencias de otros poderes.
• Inmunidades parlamentarias: Reivindican el derecho a actuar sin restricciones ni represalias en el marco de sus funciones.
• División de poderes: Alertan que imponerles requisitos para visitar a la ex presidenta afecta el equilibrio entre poderes del Estado.
• Precedentes y dignidad humana: Aseguran que en otros casos similares no se exige autorización para visitas a detenidos, y que la situación de Cristina Kirchner es tratada con criterios más estrictos, incluso discriminatorios.
• Relevancia institucional y política: Señalan que se trata de una figura política de primer orden, lo que hace aún más grave la limitación de contacto.
• Rol de los partidos políticos: Sostienen que Cristina Fernández de Kirchner cumple un rol central en el sistema democrático y que mantener el diálogo con ella forma parte de la tarea legislativa.
El reclamo, según indicaron, no busca privilegios sino garantizar el funcionamiento pleno de la representación política en un contexto que consideran de creciente judicialización de la vida institucional.
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