El Fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó que San Juan ya inició acciones legales contra los responsables de las recientes amenazas de bomba que obligaron a evacuar espacios públicos y suspender actividades en distintos puntos de la provincia.
En diálogo con Canal 13, Dávila precisó que el viernes 26 de septiembre se presentaron las tres primeras demandas civiles, en el marco de las 16 amenazas recibidas: ocho realizadas por menores de edad y ocho por adultos.
Entre los casos mencionados, se encuentra el que afectó al espectáculo de Lali Espósito, que debió ser suspendido por el operativo de seguridad. En ese episodio, el demandado Juan Carlos Salem afrontará un reclamo por más de $18 millones.
Los otros dos casos corresponden a menores de edad, cuyas identidades no fueron reveladas. Las demandas en su contra ascienden a $19 millones y $20 millones, respectivamente. Según explicó el Fiscal de Estado, en estas situaciones los padres deberán responder legalmente por las acciones de sus hijos, en virtud de la responsabilidad parental prevista en el Código Civil.
Dávila remarcó que estas demandas son solo el comienzo:
“Esto recién comienza. Es un proceso judicial que puede demorar unos dos años aproximadamente, pero buscamos resarcir los daños ocasionados por las falsas amenazas”.
El funcionario también recordó que, en paralelo, avanzan las causas penales: el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, contempla sanciones de 2 a 6 años de prisión.
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