La reciente inauguración de la sede de la Asociación del Fútbol Argentino en Pilar dejó de ser un hecho meramente institucional para transformarse en el eje de una disputa judicial de alto voltaje. Detrás de la movida encabezada por Claudio Tapia, asoma una estrategia que apunta a modificar el escenario donde se investigan causas sensibles contra la dirigencia.
El predio fue construido en menos de dos meses sobre un terreno adquirido por el municipio de Pilar. Sin embargo, la inauguración no tuvo el respaldo esperado: la ausencia de jugadores de la Selección argentina marcó un dato político que no pasó inadvertido.
El conflicto central gira en torno a la decisión de la Inspección General de Justicia, que rechazó la relocalización de la sede. La AFA apeló la medida y el expediente ya se encuentra en la Cámara Civil, donde se definirá qué sala tendrá competencia para resolver.
Según trascendió, el objetivo de fondo sería que las causas pasen a la órbita del juzgado federal de Zárate-Campana, a cargo de Adrián González Charvay, considerado cercano al entorno dirigencial. Esto implicaría alejar los expedientes de Capital Federal, donde la IGJ mantiene control sobre los balances de la entidad.
El entramado judicial incluye varias investigaciones en curso. Entre ellas, se analiza el manejo de fondos en el exterior a través de la firma TourProdEnter, con sospechas de desvío millonario; la causa conocida como la “mansión de Pilar”, que involucra al tesorero Pablo Toviggino; y una denuncia por presunta retención indebida de aportes impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
En paralelo, el tablero político también registró movimientos. La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia reconfiguró equilibrios en un área clave para la relación con la AFA. Desde ese entorno se confirmó que la apelación ya está en marcha.
Por otro lado, en Santiago del Estero se abrió un frente aún más delicado. El fiscal federal Pedro Simón solicitó la detención de Tapia y Toviggino en una causa por presunta asociación ilícita y lavado de dinero, en medio de cuestionamientos por posibles cambios de jurisdicción.
La investigación detectó movimientos millonarios entre 2022 y 2025 hacia empresas vinculadas a la dirigencia, así como transferencias desde el Estado provincial a firmas privadas bajo sospecha. Parte de esos fondos, según la acusación, habría sido destinada a inversiones financieras.
En este contexto, la sede de Pilar se posiciona como una pieza clave dentro de una disputa mayor. Mientras la Justicia define competencias y avanza sobre las causas, la estrategia de la AFA parece orientada a reconfigurar el tablero judicial en un momento determinante.
Comentarios