La larga lucha judicial y social que se inició tras la muerte de Julieta Viñales, la joven sanjuanina fallecida por mala praxis durante una cirugía de amígdalas, suma una nueva etapa. Este martes, su mamá, Cintia Aboal, se reunirá con el ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez, para dialogar sobre la posible adhesión de San Juan a la Ley Nicolás.
Aboal es una de las referentes en la provincia de la ONG nacional “Por Vida y la Salud”, que impulsa la concientización y la defensa de los derechos de los pacientes. En declaraciones recientes, expresó:
“La Ley Nicolás es una ley nacida del dolor más profundo, pero también del amor y la esperanza de transformar ese dolor en cambios reales. Este paso tan importante (la adhesión de Chubut) nos demuestra que la lucha vale la pena, que cada pedido, cada lágrima y cada historia que no queremos que se repita, hoy tienen un sentido. Por Nicolás, por Julieta y por todos los que ya no están, seguimos de pie. Este paso marca el camino para que todas las provincias se sumen y para que cada paciente sea atendido con responsabilidad, empatía y humanidad”.
Aboal acompaña y apoya activamente la labor de Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, quien impulsó la ley a nivel nacional tras la muerte de su hijo por una mala atención médica. “Esperamos que San Juan se adhiera muy pronto”, sostuvo.
Qué es la Ley Nicolás
La Ley Nicolás es una normativa nacional que busca prevenir y sancionar la mala praxis médica, estableciendo mayores controles, obligaciones y responsabilidades para los profesionales e instituciones de salud públicas y privadas.
Lleva el nombre de Nicolás Deanna, un niño que falleció en Villa Gesell a causa de una atención médica negligente.
Entre sus principales puntos, la ley propone:
• Crear un Registro Nacional de Profesionales de la Salud Sancionados, para evitar que médicos con antecedentes de mala praxis continúen ejerciendo sin control en otras provincias.
• Obligar a clínicas, hospitales y consultorios a informar los antecedentes de negligencia comprobada.
• Establecer la capacitación obligatoria en seguridad del paciente y protocolos de emergencia.
• Garantizar el derecho de las familias a acceder a información transparente durante una internación o tratamiento.
• Exigir que todas las instituciones de salud cuenten con seguros de responsabilidad profesional y comités de evaluación de riesgos médicos.
Su objetivo central es proteger a los pacientes, mejorar la calidad de atención médica y evitar la impunidad en casos de negligencia profesional.
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