La Legislatura de San Juan cerró el año con definiciones relevantes, pero también con debates pendientes que podrían reactivarse antes de lo previsto. En el ámbito político vuelve a tomar fuerza la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias, con dos temas centrales en agenda: la Ley de Proveedores Mineros y la designación del Camarista Civil para cubrir una vacante clave en el Poder Judicial.
Según indicaron fuentes parlamentarias, ambos asuntos integraban la agenda que el Ejecutivo provincial pretendía resolver antes del inicio del próximo período ordinario, previsto para abril de 2026. En ese contexto, ya se analiza formalmente la convocatoria a una sesión extraordinaria para debatir y eventualmente aprobar estas iniciativas.
En el caso de la designación del Camarista Civil, el tratamiento estaba previsto para la última sesión del año, pero fue postergado a último momento. La decisión respondió a una fuerte puja interna y al riesgo de quiebre entre el orreguismo y el bloquismo, que mantienen posiciones encontradas sobre el nombre a elegir.
De la terna elevada, el oficialismo impulsa la designación del juez de Familia Esteban De la Torre, mientras que el bloquismo sostiene la candidatura de Marianela López, también jueza de Familia. La falta de consenso llevó a retirar el punto del orden del día y dejar la definición en suspenso.
Por su parte, la Ley de Proveedores Mineros arrastra un debate extenso que lleva varios meses tanto en comisiones como en el plano político. El propio gobernador Marcelo Orrego la mencionó durante la apertura del período ordinario 2025 como uno de los temas prioritarios a resolver, lo que le otorgó un peso político adicional.
La iniciativa apunta a regular y fortalecer la participación de proveedores locales en la actividad minera, uno de los sectores estratégicos de la economía sanjuanina. Precisamente por esa relevancia, el oficialismo considera clave avanzar con su tratamiento antes de la próxima apertura de sesiones ordinarias.
Si se concreta la convocatoria a extraordinarias, la Legislatura podría saldar dos discusiones sensibles que combinan impacto institucional, tensiones políticas internas y definiciones de peso para el rumbo económico y judicial de la provincia.
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