El intendente de Angaco, José Castro, intentó nuevamente evitar el inicio del juicio en su contra por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario, pero la Justicia rechazó su planteo y convocó a una audiencia clave.
Según confirmaron fuentes oficiales de la Sala II de la Cámara Penal, el tribunal resolvió negar el pedido presentado por la defensa del jefe comunal y fijó una audiencia oral para este viernes a las 10.
En ese encuentro, la defensa de Castro y la fiscalía deberán exponer nuevamente sus argumentos sobre la validez del convenio que firmó el intendente con concejales de Angaco y que le permitiría pagar 5 millones de pesos como reparación para evitar sentarse en el banquillo de los acusados.
Luego de escuchar a las partes, los jueces pasarán a un cuarto intermedio y posteriormente deberán resolver si aceptan o rechazan el acuerdo. La decisión, según trascendió, podría conocerse recién la próxima semana.
El nuevo intento de la defensa
El nuevo planteo fue realizado por el abogado de Castro, Marcelo Fernández Valdez, quien sostuvo que el juicio no debería comenzar debido a la reciente denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal en la UFI Delitos Especiales.
La denuncia fue impulsada por la fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi, quien pidió investigar al intendente y a los concejales Alberto de los Ríos, Roberto López y Alejandro Paredes.
Según la funcionaria judicial, el convenio firmado entre Castro y el Concejo Deliberante podría constituir delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario.
Gerarduzzi sostuvo que el acuerdo sería ilegal porque pretende dejar sin efecto una causa penal mediante el pago de una reparación económica, facultad que —según indicó— corresponde exclusivamente al Ministerio Público Fiscal.
Además, señaló que este tipo de acuerdos no puede aplicarse cuando los involucrados son funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
En los fundamentos del convenio, el intendente incluso mencionó como antecedente el caso conocido como “Fiesta de Olivos”, en el que el expresidente Alberto Fernández pagó 1,6 millones de pesos para cerrar una causa judicial.
Nueva investigación en marcha
La denuncia impulsada por Gerarduzzi está ahora en manos del fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía.
Fuentes judiciales indicaron que el funcionario ya solicitó las actas originales de la sesión extraordinaria en la que el Concejo Deliberante aprobó el convenio. La documentación fue entregada el lunes por el asesor del cuerpo deliberativo, Leonel García.
Con ese material y otros requerimientos, Nicolía deberá definir si formaliza una investigación contra el intendente y los concejales involucrados.
Una causa que se originó en 2019
El proceso judicial contra Castro se inició en octubre de 2019, cuando los concejales José Ruseño, Valeria Garay y Mario Pacheco lo denunciaron por haber utilizado maquinaria y personal municipal para realizar trabajos en un predio privado ubicado en el departamento Chimbas.
Por ese hecho, el jefe comunal quedó imputado por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario y malversación de caudales públicos.
Las penas previstas para esos delitos van de dos a seis años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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