La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar los últimos recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez en el marco de la causa Vialidad, y ordenó el decomiso de 111 bienes inmuebles con el objetivo de reparar el daño económico causado al Estado nacional.
El fallo, firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, detalla que la medida alcanza a más de 80 propiedades vinculadas a Báez y sus empresas, así como a una veintena de inmuebles asociados a la expresidenta y sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
En concreto, del total decomisado se contabilizan 84 inmuebles a nombre de Báez, uno de Cristina Kirchner, dos de Austral Construcciones S.A., tres de Kank y Costilla S.A., dos de Loscalzo y Del Curto S.R.L., y 19 pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner.
Las defensas cuestionaron la medida al sostener que varios de esos bienes fueron heredados de Néstor Kirchner o adquiridos antes del período investigado. Sin embargo, el tribunal desestimó esos argumentos al considerar válidos los criterios utilizados para vincular el incremento patrimonial con la maniobra delictiva.
Los jueces explicaron que, en casos de criminalidad económica compleja, no es necesario reconstruir de manera exhaustiva cada movimiento de dinero. Señalaron que basta con acreditar una relación razonable en el tiempo y en lo económico entre los bienes y el delito. “Exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible”, sostiene la resolución.
Si bien el juez Borinsky coincidió en términos generales, votó en disidencia parcial al plantear que algunos bienes —especialmente los heredados por los hijos de la exmandataria— requerían un análisis más detallado. No obstante, la mayoría del tribunal rechazó esa postura.
Además, se remarcó que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso si fueron transferidos o heredados. Ahora, todos los inmuebles pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que deberá administrar y eventualmente disponer de ellos.
La causa Vialidad investigó un esquema de corrupción en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, donde se detectaron sobreprecios y obras inconclusas o deficientes en beneficio de empresas vinculadas a Báez. En ese expediente, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.
Actualmente, la exmandataria cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.
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