La Justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y de la propia entidad, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades económicas. La medida fue dispuesta por el juez en lo penal económico Diego Amarante y alcanza también a otros tres dirigentes de la casa madre del fútbol argentino.
Entre los investigados figuran Pablo Toviggino, considerado mano derecha de Tapia; Cristian Malaspina, secretario general de la AFA; y Gustavo Roberto Lorenzo, director general de la institución. La causa se originó a partir de una denuncia del ARCA, por una supuesta apropiación indebida de aportes de la seguridad social que ascendería a unos 19 mil millones de pesos.
Además, el magistrado resolvió habilitar la feria judicial para avanzar con la investigación y determinar si existió efectivamente la maniobra denunciada por el organismo recaudador.
La imputación del fiscal
La semana pasada, el fuero penal económico imputó formalmente a Tapia, a partir de un requerimiento del fiscal Claudio Navas Rial. Según la denuncia, ARCA atribuye a la AFA una deuda superior a los $19.000 millones, correspondiente a los últimos dos años.
La acusación sostiene que la entidad habría retenido tributos y aportes a la seguridad social correspondientes a empleados propios y de clubes del fútbol argentino, sin ingresarlos dentro del plazo legal establecido por el Régimen Penal Tributario.
En su dictamen, el fiscal atribuyó responsabilidad a Tapia por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal de la asociación. Asimismo, consideró que, dada la magnitud económica de la AFA y los montos investigados, la pesquisa debe extenderse a otros integrantes de la mesa directiva, al entender que habrían intervenido en la gestión y disposición de los fondos.
El origen de la causa
La causa se inició a partir de una presentación realizada por Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA. En la denuncia se amplían los hechos atribuidos a la AFA, con sede en Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires.
Según consta en el expediente, la entidad habría retenido $19.353.545.843,85 en tributos y contribuciones de la Seguridad Social —incluidos IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes previsionales— que no fueron ingresados dentro del plazo legal de 30 días corridos, correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de este año.
En relación a los recursos de la seguridad social, la denuncia invoca el artículo 7° del Régimen Penal Tributario, que tipifica la evasión simple y prevé penas de dos a seis años de prisión cuando el monto evadido supera los $80.000 por mes.
La imputación se produce en un contexto de creciente escrutinio judicial sobre la situación institucional de la AFA, que en los últimos meses quedó bajo la lupa por distintas causas vinculadas a sus manejos internos y a sus estados contables.
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