La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves un recurso presentado por dos directivos del Grupo Macri en el marco de la causa “Correo Argentino”, en la que se investigan presuntas irregularidades en el acuerdo de cancelación de deuda entre el Estado Nacional y Correo Argentino S.A., firma controlada por SOCMA, perteneciente a la familia del expresidente Mauricio Macri.
El tribunal desestimó un pedido de recusación contra los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, integrantes de la Cámara Federal porteña, a quienes los acusados apuntaban por “temor de parcialidad”.
Los imputados —Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y su abogado Jaime Kleidermacher— habían solicitado apartar a los camaristas. Cuestionaban a Farah por haber sido trasladado de su cargo en 2018 tras votar a favor de excarcelar a Cristóbal López y Fabián De Sousa, y a Boico por su rol como ex abogado defensor de funcionarios kirchneristas, incluida Cristina Fernández de Kirchner.
Tanto la Cámara Federal como la Cámara de Casación Penal rechazaron previamente los planteos. Finalmente, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema sostuvo que se trataba de una resolución que no constituye una sentencia definitiva ni equiparable, y por lo tanto no correspondía su intervención.
El trasfondo de la causa
La causa penal, radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo, se inició en 2017 y se centra en el acuerdo firmado en 2016 entre el entonces Ministerio de Comunicaciones —a cargo de Oscar Aguad— y Correo Argentino S.A., en el marco de su concurso preventivo.
El pacto establecía una quita del 98,87% de la deuda que la empresa mantenía con el Estado. La fiscala Gabriela Boquín advirtió la maniobra y la calificó de “ruinosa y abusiva”, logrando frenar la homologación judicial del acuerdo.
Además de Robirosa y Kleidermacher, también están imputados Oscar Aguad y el exdirector jurídico del ministerio, Juan Manuel Mocoroa.
La causa continúa con el foco puesto en un eventual perjuicio económico contra el Estado en beneficio de una firma vinculada al expresidente Macri.
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