El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, deberá cumplir prisión domiciliaria por disposición del Supremo Tribunal Federal (STF). La medida fue dictada este lunes por el ministro Alexandre de Moraes, quien lo acusó de “reiterado incumplimiento de medidas cautelares” en la causa que investiga el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
Según la resolución, Bolsonaro actuó “ilegalmente” al enviar un mensaje a una manifestación bolsonarista en Copacabana, Río de Janeiro, violando así las restricciones judiciales vigentes. Aunque no asistió físicamente, el video fue difundido por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro. La Corte entendió que ese acto buscó presionar al STF e interferir en el curso de la justicia.
Como parte de las nuevas restricciones, Bolsonaro no podrá recibir visitas —salvo sus abogados o personas autorizadas expresamente por el STF— y tiene prohibido utilizar teléfono celular o redes sociales, incluso a través de terceros. Además, la Policía Federal ya allanó su domicilio y confiscó todos los dispositivos electrónicos.
La medida se da en el marco de una causa que lo señala como líder de un plan para impedir la asunción de Lula da Silva, presidente electo en 2022. Según la Fiscalía, Bolsonaro incluso evaluó anular los comicios y ordenar el asesinato del mandatario electo.
Uno de los episodios más críticos fue el del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el Ejecutivo, en un intento por revertir el resultado electoral.
De Moraes había dispuesto anteriormente que Bolsonaro usara tobillera electrónica, no saliera de su casa en horario nocturno ni los fines de semana, y se abstuviera de realizar publicaciones en redes. Al constatar que esas condiciones fueron violadas, el juez resolvió su arresto domiciliario inmediato.
La decisión se produce en medio de crecientes tensiones internacionales. El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa a ocho jueces del STF, impuso sanciones económicas al magistrado de Moraes y aranceles del 50% a productos brasileños, como represalia por el avance judicial contra Bolsonaro.
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