La conducción de la CGT realizará este martes una reunión clave de su Consejo Directivo para definir medidas de acción directa en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, iniciativa que será debatida el próximo miércoles en el Senado.
El encuentro, previsto desde las 11 en la sede de Azopardo, se da en un contexto de fuerte tensión interna dentro de la central obrera. Las negociaciones que referentes del ala moderada mantuvieron con gobernadores no lograron los apoyos esperados y, en paralelo, los sectores más duros presionan para avanzar con un paro general.
En la previa de la reunión, el triunviro Jorge Sola confirmó que la conducción cegetista mantuvo encuentros con seis gobernadores peronistas que manifestaron su rechazo al proyecto oficial. Se trata de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
“Advertimos sobre la conculcación de derechos que implica la denominada Ley de Modernización Laboral”, señaló Sola en sus redes sociales, al calificar la iniciativa como una “ley de precarización laboral”.
Sin embargo, desde la CGT admiten que no lograron el mismo respaldo del resto de los mandatarios provinciales. Incluso, algunos encuentros previstos fueron suspendidos o reprogramados, como los de Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), según trascendió.
En paralelo, el otro integrante del triunvirato, Cristian Jerónimo, encabezó una reunión “en defensa de los estatutos laborales” junto a sindicatos que se verían directamente afectados por la reforma.
Por su parte, Pablo Moyano, quien reapareció recientemente en una reunión con el sector más duro de la central, aseguró que la CGT “puede voltear la reforma laboral”, y recordó antecedentes de resistencia sindical frente a intentos de modificar la legislación laboral durante gobiernos anteriores.
Con este escenario, la reunión de este martes aparece como decisiva para definir si la CGT avanza hacia un plan de lucha más duro, con la posibilidad concreta de un paro general en rechazo a la iniciativa del gobierno de Javier Milei.
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