“La camarita” es uno de los expedientes conexos a la causa central de los Cuadernos de las coimas, donde se le atribuye a Cristina Fernández de Kirchner haber recibido más de un centenar de sobornos pagados por empresarios vinculados a la Cámara Argentina de la Construcción, que presidía Carlos Wagner.
Durante la primera audiencia del juicio oral, el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) leyó los primeros 40 hechos de cohecho pasivo atribuidos a la expresidenta, que representan más de 10,4 millones de dólares. Aún resta la lectura de otras 164 coimas incluidas en la acusación, en la que también se la señala como jefa de una asociación ilícita.
Este tramo del expediente (N°13816/2018) se formó el 22 de agosto de 2018 como un desprendimiento de la causa principal, y cuenta con 51 procesados, entre ellos 45 empresarios y seis exfuncionarios. Entre los arrepentidos clave figuran José López, Carlos Wagner, Ernesto Clarens y Julio De Vido, quienes detallaron el mecanismo de sobornos montado alrededor de la obra pública.
Según sus testimonios, el sistema consistía en la asignación direccionada de obras a determinadas empresas, a cambio de retornos que variaban entre el 3% y el 20% del valor de cada contrato. La exmandataria, según las declaraciones, controlaba los pagos a través de un listado mensual de empresas elaborado por el entonces secretario de Obras Públicas, José López, bajo la supervisión de De Vido y Baratta.
Los empresarios señalados como pagadores de coimas incluyen a Cristóbal López, Gerardo Ferreyra, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Mario Rovella, Ángelo Calcaterra, y varios más, diez de los cuales se convirtieron en imputados colaboradores.
De acuerdo con el financista Ernesto Clarens, “la camarita” era un sistema de cartelización de obras públicas, en el que los empresarios acordaban de antemano las licitaciones, los montos y los porcentajes que debían destinarse en concepto de sobornos.
Este nuevo juicio reaviva una de las investigaciones más complejas de la historia judicial argentina y vuelve a poner a la expresidenta en el centro de las acusaciones por corrupción en la obra pública.
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