Gustavo Monti, dueño de Radio La Voz, empresario y primo del exgobernador Sergio Uñac, sumó un nuevo revés en su disputa judicial contra el periodista Osvaldo “Pájaro” Benmuyal. Tras haber evitado una condena penal mediante un acuerdo, ahora la Justicia civil volvió a cerrarle el camino: la Cámara de Apelaciones desestimó su recurso y confirmó íntegramente la sentencia que rechazó su demanda por daños y perjuicios.
La resolución fue firmada por la Sala Primera, integrada por los jueces Carlos Fernández Collado, Sergio Saffe Peña y Abel Soria. Los magistrados analizaron cada uno de los planteos del empresario y concluyeron que las expresiones de Benmuyal, emitidas en su programa radial en 2022, se encontraban amparadas por la libertad de expresión, trataban asuntos de interés público y no configuraban calumnias ni injurias.
Una decisión clave de la Cámara
El voto principal, elaborado por el juez Abel Soria, desmenuzó los argumentos de Monti, quien incluso había solicitado la nulidad del fallo de primera instancia. El magistrado destacó que el propio empresario reconoció ser gerente de PVC San Juan SRL, firma vinculada con licitaciones estatales, lo que lo ubica como figura central en un debate público legítimo.
Bajo ese criterio, la Cámara aplicó la doctrina de la real malicia, que exige que una figura pública demuestre que un periodista actuó con intención de dañar o con desprecio manifiesto hacia la verdad. Nada de eso fue probado por Monti, señalaron los jueces, que también rechazaron las acusaciones de arbitrariedad, violación del principio de congruencia y supuesta utilización indebida de pruebas.
Incluso el tono crítico de las expresiones —como el calificativo “gordo Monti”— fue analizado. Para la Cámara, se trató de comentarios propios de un editorial dentro de un debate público, sin constituir insultos gratuitos.
Otro frente judicial
El fallo se conoció cuando Monti volvió a presentarse en Tribunales por una causa paralela: una denuncia por defraudación presentada por un ex empleado de Radio La Voz, quien reclamaba la restitución de una camioneta Kangoo entregada como parte de un acuerdo salarial. La audiencia terminó con un acuerdo, pero generó ruido el trato diferencial otorgado por la jueza Gloria Chicón, quien prohibió fotografías y autorizó registrar los nombres de los periodistas presentes.
Chicón —designada durante la gestión de Uñac— ya había sido sancionada en 2023 por ausentarse a audiencias sin aviso y por justificarlo con información falsa.
Conflictos con la prensa y negocios bajo la lupa
En los últimos meses, Monti impulsó acciones legales contra Benmuyal y el periodista Antonio Canales, en ambos casos con resultados adversos. En esos procesos surgieron datos sobre contrataciones estatales vinculadas a sus empresas durante el gobierno de Uñac.
A ello se suma un pedido de informes aprobado por la Cámara de Diputados respecto de la calidad de los caños del Acueducto Gran Tulum. Una investigación periodística reveló vínculos entre PVC San Juan y la firma alemana Krah, proveedora de los materiales cuestionados, incluyendo una factura de comisiones y la participación de Monti en la planta de Albardón y en la apertura de sobres de la licitación.
Con este nuevo pronunciamiento, la Cámara dejó sin efecto los intentos de Monti por responsabilizar a Benmuyal. Ratificó que las expresiones en cuestión están amparadas por la garantía constitucional de la libertad de expresión, impuso costas al empresario y fijó honorarios equivalentes al 40% de la etapa inicial.
Aunque el fallo es contundente, la historia aún podría continuar: se estima que Monti podría intentar recurrir a una instancia extraordinaria en busca de un cambio de criterio.
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