La Cámara de la Construcción apoyó la decisión del gobernador Marcelo Orrego de sostener los Fondos Solidarios para obras de infraestructura al servicio de la gente, que generan empleo y evitar así que se utilicen para gastos corrientes en los municipios. En un comunicado firmado por Ramón Martínez, presidente de la Cámara y Juan Manuel Galvarini, secretario de la entidad, quedó plasmado el rechazo a la ley que fue aprobada por la Legislatura Provincial el jueves de la semana pasada.
Dicha ley dispuso que los recursos de un fondo para obras (FODERE) y otro para emergencias (FEM) debían pasar a ser parte de la coparticipación municipal en la provincia. Por años, y en gestiones de gobiernos anteriores, esos fondos no fueron tocados y ahora recibió el apoyo de los legisladores del de la oposición, pertenecientes al PJ.
En el comunicado, Martínez y Galvarini señalaron que la Ley «de ser promulgada, afecta severamente a la obra pública provincial y en definitiva a la planificación de la totalidad de la obra pública mirándola como un todo». Además indicaron que «si se promulgara la Ley, el destino de recursos terminarían malgastándose al disgregarse sin una coordinación única ya que cada municipio tiene, como es lógico, una mirada parcial sobre el tema acotada a la realidad y necesidad de cada uno de ellos. Abona esta situación, el considerar que ante la magnitud de la crisis macroeconómica que atraviesa el País, los escasos fondos tanto Nacionales como Provinciales, la mejor forma de administrar la crisis es concentrar en el Gobierno Provincial los escases y las consecuentes tomas de decisiones».
Además agregaron: «podría verse afectada la gobernabilidad atento a que la provincia ya viene siendo impactada por la la baja que se está produciendo en la recaudación de la coparticipación de impuestos nacionales a las ganancias e IVA».
El extenso comunicado de prensa, emitido el pasado 26 de diciembre, los miembros de la Cámara sostuvieron: «los Municipios deberán de todas formas depender de las estructuras del gobierno provincial en cuanto a las aprobaciones por parte de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, organismo que es el que planifica el uso de suelo, controla la documentación e inspecciona las obras en todo el territorio provincial, por ser el órgano que posee el poder de policía».
«Entendemos que sería de acertado criterio vetar dicho proyecto de ley en beneficio de todos los sanjuaninos, que se verían afectados por la no ejecución de las obras públicas con la eficiencia en el uso de los escasos recursos, tanto en tiempo como en forma, vilipendiando los mismos por el efecto financiero actual con tasas activas
del más del 15% mensual».
«También hay que destacar que el presupuesto destinado a obra pública que la provincia tenía como objetivo era de alrededor del 30% del total, habiendo años en los que se ha destinado ese porcentaje; el que lamentablemente ha bajado últimamente a valores menores, debería ser una meta a alcanzar, garantizando de esa manera una adecuada infraestructura suficientemente fuerte para consolidar la actividad privada que la necesita y brindar infraestructura social acorde a los tiempos que vivimos».
«Por los motivos antes expuestos, en el entendimiento de un posible daño irreparable para el futuro de la provincia, al no contar los Municipios con una visión global y macro de las medidas y decisiones públicas a adoptarse en el marco de la presente crisis, es decir, en la definición por parte del Gobierno de la Provincia de San Juan de qué Obras Públicas deben ejecutarse, dónde y cómo deben hacerse, administrando una priorización de las mismas que hagan que todo funcione como un sistema único».
Este viernes, el gobernador Marcelo Orrego confirmó que dicha ley ya fue vetada.
Fuente: La Provincia SJ
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