Un grupo de ahorristas y empresarios de San Juan acudió a la Justicia tras denunciar la desaparición de importantes sumas de dinero que habían sido invertidas en firmas financieras radicadas en Capital.
Las sospechas apuntan a presuntas maniobras fraudulentas que habrían afectado inversiones por aproximadamente 2.800 millones de pesos.
Hasta el momento existen al menos doce presentaciones judiciales impulsadas por personas que aseguran no poder recuperar el capital depositado en distintas operatorias financieras.
Los denunciantes señalan como principales responsables a Gustavo Omar Ahumada y a los administradores Pamela Domínguez y Guillermo Soria, relacionados con las firmas Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A..
Además, dentro de los expedientes judiciales también aparece mencionada EPYCHOST S.A.S..
La investigación comenzó a tomar fuerza luego de que numerosos clientes dejaran de recibir respuestas por parte de la empresa. Según relataron, durante semanas intentaron comunicarse sin éxito y posteriormente comprobaron que las cuentas donde seguían sus inversiones ya no reflejaban los montos depositados.
Las actuaciones quedaron en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, donde intervienen el fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli.
Por el momento no trascendieron medidas oficiales, aunque desde el entorno de los damnificados reclaman rapidez en la causa para preservar pruebas y evitar movimientos financieros que compliquen una eventual recuperación del dinero.
La oficina donde operaban las compañías está ubicada sobre calle Mendoza, en Capital, y actualmente permanece cerrada. En el ingreso solo figura un cartel indicando que continúan trabajando de manera remota.
Según el relato de los inversores, la financiera ofrecía alternativas con supuesta seguridad y buena rentabilidad, generando confianza tanto en clientes particulares como en empresas. Muchos habrían invertido indemnizaciones, ahorros familiares y capital de trabajo convencidos de que se trataba de operaciones legales y respaldadas.
Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron las dudas sobre el destino real de los fondos. Algunos denunciantes sostienen que el dinero habría sido derivado a inversiones de riesgo o a otras entidades fuera de la provincia sin autorización previa.
Mientras avanza la investigación judicial, estiman que el perjuicio económico total rondaría los 2.800 millones de pesos.
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