El levantamiento parcial del secreto de sumario en una causa judicial que investiga presuntas maniobras ilegales vinculadas al sistema SIRA dejó al descubierto un entramado de empresarios, intermediarios y funcionarios públicos sospechados de facilitar aprobaciones irregulares de importaciones durante el tramo final del gobierno de Alberto Fernández.
Según surge del expediente, la Justicia analiza si existió un “circuito paralelo” destinado a acelerar autorizaciones para acceder al mercado oficial de cambios a cambio del pago de coimas calculadas sobre el valor del dólar blue. Las comisiones clandestinas podían alcanzar hasta el 15% del monto involucrado en cada operación.
Entre los nombres mencionados en la investigación aparecen Elías David Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles, quienes, según la fiscalía, “podrían haber desarrollado una operatoria destinada a acceder de manera irregular a divisas en el mercado oficial de cambios”.
Además, la causa involucra a cinco personas vinculadas al Banco Central de la República Argentina, sospechadas de haber actuado de manera contraria a sus deberes funcionales. Los funcionarios mencionados son Fabián Violante, Romina García, Diego Volcic, María Valeria Fernández y Analía Fernanda Jaime.
Uno de los tramos más sensibles del expediente reconstruye conversaciones mantenidas por Martín Migueles con distintos interlocutores interesados en obtener autorizaciones rápidas para importar.
Según la investigación, los mensajes evidenciarían una “cadena de intermediación” en la que algunos contactos acercaban empresas interesadas, Migueles actuaba como nexo operativo y otras personas tendrían capacidad de influir en la aprobación de las solicitudes.
En uno de los audios incorporados a la causa, Migueles afirma: “La saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento”. En otro intercambio, agrega que la operación podía resolverse “en una semana o diez días” y propone aumentar el porcentaje para obtener ganancias como intermediario.
Para los investigadores, el esquema funcionaría mediante pagos atados a la cotización del dólar blue, donde una parte quedaba destinada a presuntas coimas y otra era distribuida entre quienes intervenían en la maniobra.
La causa también menciona operaciones vinculadas a empresas concretas, como una firma identificada como NEMES S H de Fuentes N y Mazza, con una importación estimada en 54.600 dólares, y otra compañía denominada TEFASA.
En paralelo, la Justicia analiza la relación entre Piccirillo, Hauque y funcionarios del Banco Central. Según el expediente, Piccirillo habría impulsado tareas de seguimiento y recopilación de grabaciones vinculadas a Hauque y a Romina García, una de las funcionarias mencionadas en la investigación.
Ahora, los investigadores intentan determinar si esas grabaciones forman parte de la operatoria investigada o si podrían aportar información clave sobre el funcionamiento interno del supuesto esquema irregular.
El expediente judicial analiza posibles delitos de negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias y maniobras destinadas a acceder de manera irregular al mercado oficial de cambios durante la vigencia del sistema SIRA.
Con el levantamiento parcial del secreto de sumario, comenzaron a conocerse audios, mensajes y documentación que podrían ampliar el alcance de la investigación en las próximas semanas.
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