Un operativo contra el narcotráfico realizado en la provincia de Salta derivó en una investigación que mantiene en alerta a la Policía de San Juan. Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron una pistola calibre 9 milímetros que, según la información suministrada por el Registro Nacional de Armas (RENAR), pertenece a la fuerza policial sanjuanina.
A partir de ese hallazgo, la Justicia salteña envió un oficio a San Juan para solicitar información sobre la trazabilidad del arma, lo que motivó el inicio de un amplio inventario interno del armamento policial.
El secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, confirmó la existencia del oficio judicial y explicó que la provincia trabaja para determinar el recorrido administrativo del arma.
“Hay un oficio que ha mandado una provincia del Norte donde, a raíz de una investigación, apareció un arma que participó de un delito y que, de acuerdo con la información del RENAR, pertenecería a la Policía de San Juan”, señaló el funcionario.
Delgado indicó que el inventario permitirá responder el requerimiento judicial y establecer si existe alguna irregularidad en el registro del armamento.
Inventario y cambios en la División Armamento
Como parte de la investigación, hace aproximadamente dos semanas se solicitó a todos los efectivos policiales que informaran qué arma tienen asignada, detallando modelo, calibre y número de serie.
En paralelo, el jefe de Policía, Néstor Álvarez, dispuso la remoción de todo el personal de la División Armamento.
Los efectivos trasladados fueron el suboficial principal Mauricio Javier Ríos, la cabo primero Laura Verónica Aballay, el cabo primero Javier Darío Lucero, el cabo primero Martín Hernán Villalobos, el cabo Carlos Andrés Chaves, el cabo Franco Miguel Troncoso y el cabo Franco Gabriel Tejada, quienes fueron reasignados a distintas dependencias de la fuerza.
Sospechan un faltante de 150 pistolas
La investigación también busca determinar si realmente existe un faltante de aproximadamente 150 pistolas pertenecientes a un lote de 500 armas adquiridas por el Gobierno provincial en 2022.
No obstante, desde la Secretaría de Seguridad no descartan que parte de ese armamento permanezca almacenado y aún no haya sido incorporado formalmente al sistema de registro.
El secretario de Seguridad aseguró que la Policía cuenta con un sistema de trazabilidad que permite conocer el ingreso de cada arma, la dependencia a la que fue destinada y el efectivo que la tiene asignada.
Además, adelantó que en el transcurso de la próxima semana podrían conocerse los resultados del inventario.
En caso de confirmarse la desaparición de armas, la investigación podría derivar en una denuncia penal para determinar si existió un robo, un desvío de armamento o alguna otra irregularidad.
Comentarios