Una investigación interna dentro de la Policía de San Juan detectó que no existe registro sobre el paradero de más de 130 pistolas pertenecientes a un lote de armas adquirido por la Provincia en 2022. Según fuentes de la fuerza, el faltante podría derivar en una denuncia ante la Justicia Penal.
El expediente administrativo continúa en etapa de recopilación de información y, de acuerdo con fuentes policiales, todavía se aguardan los últimos informes solicitados por la Jefatura y la Subsecretaría de Control de Gestión. Sin embargo, la magnitud del faltante habría acelerado la posibilidad de avanzar con una investigación judicial.
El caso involucra un lote de aproximadamente 500 pistolas Bersa calibre 9 milímetros, adquirido mediante una licitación pública a la firma Punto de Impacto durante 2022, bajo la anterior gestión del Gobierno provincial.
Trasladaron a siete policías
En el marco de la investigación administrativa, la Jefatura de Policía dispuso el traslado de los siete efectivos que se desempeñaban en la División Armamento y ordenó realizar un inventario detallado para determinar dónde se encontraban las armas y a quiénes habían sido asignadas.
Los efectivos trasladados fueron el suboficial principal Mauricio Javier Ríos, la cabo primero Laura Verónica Aballay, los cabos primeros Javier Darío Lucero y Martín Hernán Villalobos y los cabos Carlos Andrés Chaves, Franco Miguel Troncoso y Franco Gabriel Tejada.
Además, el subcomisario Mauricio Osvaldo Montaña quedó al frente de la División Armamento con el objetivo de reorganizar el área y avanzar con la normalización de los inventarios.
La medida trascendió públicamente el 16 de julio, cuando ya se encontraba en marcha el sumario administrativo para establecer qué había ocurrido con las armas que no podían ser ubicadas en los registros.
¿Dónde están las pistolas?
Uno de los principales interrogantes que intenta responder la investigación es si las armas efectivamente ingresaron a la institución y posteriormente fueron asignadas a otros destinos sin quedar correctamente registradas, o si existieron irregularidades relacionadas con la adquisición y recepción del armamento.
De acuerdo con las fuentes consultadas, los informes elaborados durante la investigación interna indicarían que poco más de 130 pistolas no pudieron ser ubicadas, pese a la revisión de los registros disponibles.
La eventual presentación ante la Justicia Penal buscaría determinar si detrás del faltante existió algún delito y establecer las responsabilidades correspondientes.
El antecedente de las armas secuestradas en Salta
La investigación tomó impulso luego de que surgieran consultas desde la Justicia de Salta por una pistola Bersa que pertenecía a la Policía de San Juan y había sido secuestrada en esa provincia.
Desde la Secretaría de Seguridad señalaron que ese pedido de información fue uno de los elementos que originó las averiguaciones internas.
Sin embargo, también trascendió dentro de la fuerza otra posible conexión: un procedimiento realizado por Gendarmería Nacional en abril de 2026, en el norte de Salta, donde fueron secuestradas ocho pistolas Bersa TPR9 calibre 9 milímetros con numeración limada.
El operativo ocurrió el 18 de abril sobre la Ruta Nacional 34, en la zona de Salvador Mazza, departamento de Orán. Durante el control de un automóvil, efectivos del Escuadrón 61 “Salvador Mazza” encontraron las armas, 16 cargadores vacíos y tres teléfonos celulares. Los tres ocupantes del vehículo fueron detenidos y las armas quedaron secuestradas por disposición de la Fiscalía Federal de Tartagal.
Hasta el momento, no existe confirmación pública de que esas ocho pistolas formen parte del lote adquirido por la Policía de San Juan. La posible relación es una de las líneas que circulan dentro de la fuerza y que deberá ser determinada por la investigación.
Mientras continúan las actuaciones administrativas, la atención está puesta ahora en los informes finales. Si se confirma el faltante denunciado, todo indica que el expediente podría pasar de la órbita administrativa a la Justicia Penal, donde deberán establecerse las circunstancias y eventuales responsabilidades por el destino de las armas.
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