La justicia expuso una red de extorsión y abuso protagonizada por dirigentes piqueteros de organizaciones como el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y Barrios de Pie. Estas maniobras, que afectaron gravemente a los sectores más vulnerables de la sociedad, están siendo investigadas por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello.
La investigación judicial reveló que estos dirigentes utilizaban su influencia para desviar fondos públicos destinados a planes sociales y comedores comunitarios. En lugar de beneficiar a los destinatarios previstos, estos recursos eran utilizados como herramientas de extorsión y coacción.
La causa destaca la complicidad de ciertos sectores del Estado, que distribuían estos fondos a través del Ministerio de Desarrollo Social. Los mismos, en teoría destinados a la ayuda de los más necesitados, eran administrados por las mismas organizaciones que también recibían los recursos, creando un ciclo de dependencia y abuso. Los fondos desviados incluían aquellos asignados a través de programas como Potenciar Trabajo, bajo la administración de los ministros de Desarrollo Social del gobierno de Fernández: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
En total, 27 personas fueron imputados en esta investigación. La mayoría de ellos son dirigentes piqueteros y punteros de nivel medio que operaban en la estructura de estas organizaciones. Pollicita subraya la «gravedad institucional» de estos actos, destacando cómo los fondos públicos destinados a la asistencia social fueron desviados para usos indebidos, en lugar de ayudar a las personas en situación de alta vulnerabilidad social.
Ante esta situación, el fiscal pidió detenciones, allanamientos e indagatorias para profundizar en la investigación. En sus fundamentos, destaca que los hechos investigados no sólo representan una desviación de fondos públicos, sino que también constituyen una traición a la confianza pública y un abuso de poder en detrimento de los más necesitados.
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