Los intendentes justicialistas de San Juan resolvieron unificar su postura y reclamar formalmente al Ejecutivo provincial por la falta de distribución de los fondos del FODERE (Fondo de Desarrollo Regional), un recurso clave para la ejecución de obras municipales.
Según los jefes comunales del PJ, los recursos debieron haber llegado en agosto, tal como ocurrió el año pasado. Sin embargo, no fueron distribuidos ni en agosto ni en septiembre, pese a los compromisos del Ministerio de Economía. En octubre, trascendió que los aportes serían postergados hasta después de las elecciones, pero ya pasaron dos semanas de los comicios y noviembre comenzó sin novedades.
El intendente de Ullum, David Domínguez, referente de los jefes comunales peronistas, confirmó que buscarán una reunión con las autoridades provinciales o una respuesta por escrito. “Queremos que nos den una explicación acorde. Nos han frenado más de seis meses de obras planificadas. No hemos recibido fondos ni una explicación”, señaló.
El FODERE es un fondo que se nutre del 3% de los recursos de coparticipación municipal y se distribuye a los municipios que cumplen con determinadas reglas fiscales. Una de ellas es la denominada Regla de Cargos Ocupados, que exige mantener una relación adecuada entre la cantidad de empleados y la población del departamento.
Fuentes oficiales indicaron que el Ejecutivo provincial habría cuestionado la situación de Rawson, que conduce el peronista Carlos Munisaga, por superar la relación de personal permitida según las proyecciones del INDEC. Sin embargo, desde el municipio aseguraron que los cálculos deben hacerse sobre los datos del Censo 2022, que indican una población mayor.
En caso de que un municipio incumpla con las condiciones, el Gobierno podría optar por retener la totalidad de los fondos hasta resolver la situación o distribuirlos por resolución entre los distritos en regla.
Para este año, el FODERE contempla más de $17.000 millones, un incremento del 289% respecto de 2024, cuando se repartieron casi $4.400 millones. Según estimaciones actualizadas, en septiembre el fondo contaba con unos $15.500 millones, de los cuales ya debería haberse distribuido el 40%, es decir, más de $6.200 millones.
El reclamo de los intendentes justicialistas vuelve a poner sobre la mesa las tensiones con el Ejecutivo provincial y la necesidad de garantizar previsibilidad en los recursos para la obra pública municipal.
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