Un sanjuanino que se presentaba como psicólogo y extendía certificados sin estar habilitado enfrentó este jueves a la Justicia, luego de que una alerta en una escuela privada derivara en una investigación penal. El caso terminó con advertencias formales y la suspensión del proceso a prueba.
El acusado, Leandro Emanuel Ruarte, fue contactado por una familia que buscaba justificar las ausencias escolares de una adolescente que atravesaba episodios de ansiedad. Según la denuncia, el hombre ofrecía servicios de atención en salud mental y acordó una entrevista en un café céntrico. Tras el encuentro, envió un certificado digital firmado y sellado, con una supuesta matrícula nacional, indicando reposo por 72 horas.
El documento fue presentado en el establecimiento educativo, pero generó sospechas por la matrícula y su contenido. La institución consultó al Colegio de Psicólogos de San Juan, que confirmó que Ruarte no figuraba matriculado ni habilitado para ejercer en la provincia, lo que motivó la denuncia judicial.
Durante la investigación también se verificó en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina que el acusado no posee título de psicólogo. Su formación corresponde a una licenciatura en Ciencias de la Educación con orientación en gestión institucional, que no habilita para la práctica clínica ni para emitir certificados de salud mental.
En la audiencia judicial se formalizó la imputación por usurpación de títulos y honores, en perjuicio de la administración pública. El juez resolvió la suspensión del proceso a prueba por un año, con condiciones que incluyen la prohibición de salir de San Juan sin autorización, el pago de 200 mil pesos como reparación simbólica y la realización de 30 horas de tareas comunitarias en el ámbito municipal. Además, se ordenó el registro formal de sus antecedentes.
Tras el caso, el Colegio de Psicólogos emitió un comunicado para advertir sobre este tipo de maniobras y recordó que nadie puede brindar atención psicológica ni emitir certificados sin matrícula vigente. También informaron que el acusado tenía antecedentes en otra provincia, donde su matrícula fue anulada al comprobarse que su título no lo habilitaba para ejercer.
El episodio volvió a poner en foco la importancia de verificar credenciales antes de acudir a profesionales de la salud mental, ya que la matrícula constituye una garantía esencial para proteger a los pacientes y evitar situaciones que deriven en procesos judiciales.
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