La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el sanjuanino Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación penal que analiza la presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad.
La medida también alcanza a Pablo Toviggino, mano derecha de Tapia y tesorero de la AFA, y fue impulsada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial, quien presentó el requerimiento de instrucción ante el juez Diego Amarante. Se trata de la primera imputación formal contra Tapia en este expediente, que se encuentra en una etapa inicial.
Según la denuncia, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) atribuye a la AFA una deuda superior a los 19.000 millones de pesos correspondiente a los últimos dos años. La acusación sostiene que la entidad habría retenido tributos y aportes a la seguridad social de empleados propios y de clubes del fútbol argentino, sin ingresarlos dentro de los plazos legales establecidos por el Régimen Penal Tributario.
En su dictamen, el fiscal consideró que Tapia debe responder por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal de la asociación. Además, señaló que, dada la magnitud económica de la AFA y los montos investigados, la pesquisa podría extenderse a otros integrantes de la comisión directiva, al entender que habrían intervenido en la gestión y disposición de los fondos bajo análisis.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el área de Grandes Contribuyentes de ARCA, que advirtió sobre presuntas irregularidades en el depósito de aportes previsionales y otros tributos retenidos a empleados, lo que encuadraría en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y contribuciones.
Este expediente es una de las tres causas que, en los últimos días, complican a la cúpula de la AFA. En paralelo, la Justicia avanza en otras investigaciones que involucran a Tapia y a su entorno por presuntas irregularidades financieras.
En ese marco, el juez federal Marcelo Aguinsky ordenó nuevas medidas en la causa que analiza la compra de una propiedad de lujo en la localidad bonaerense de Pilar, que habría sido adquirida mediante testaferros vinculados a dirigentes de la entidad.
Entre las disposiciones, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del inmueble para determinar si, en los días previos a un allanamiento, se registraron movimientos llamativos, como el traslado de vehículos de alta gama o incluso caballos, un dato que llamó la atención de los investigadores por las características de la estancia.
Además, se realizará un procedimiento en la empresa Flyzar, propietaria del helicóptero que habría sido utilizado en la operatoria. La firma deberá aportar a la Justicia el listado completo de pilotos, pasajeros y vuelos realizados por la aeronave, información clave para reconstruir los desplazamientos vinculados a la causa.
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