Un proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial propone redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están restringidas para actividades extractivas e industriales.
La iniciativa plantea eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en el ambiente periglaciar, permitiendo que se desarrollen proyectos económicos siempre que cuenten con una evaluación de impacto ambiental aprobada.
Además, el proyecto busca transferir mayores facultades a las provincias para que puedan decidir qué zonas deben permanecer protegidas y cuáles podrían habilitarse para actividades productivas, reduciendo la intervención de la administración central.
La normativa vigente, sancionada en 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares, que están compuestas por suelos congelados de agua dulce mezclados con roca y sedimentos. Estas áreas son consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, fundamentales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático.
La propuesta oficial introduce una diferenciación al hablar de “formas periglaciares”, con el objetivo de distinguir entre aquellas que cumplen funciones como reservas estratégicas de agua y aquellas que no tienen una función hídrica comprobable.
En la práctica, esto implicaría que no todo el territorio periglaciar quedaría protegido, sino solo aquellas formaciones que tengan un rol hídrico relevante para la recarga de cuencas hidrográficas.
El proyecto también establece la creación del Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración y actualización quedaría a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, con coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.
La iniciativa mantiene la prohibición de actividades económicas en glaciares propiamente dichos. Entre las actividades que seguirían prohibidas se encuentran la exploración o explotación minera e hidrocarburífera, la construcción de obras de infraestructura y cualquier actividad que libere sustancias contaminantes o altere de manera significativa la condición natural de estas formaciones.
En cambio, continuarían permitidas las investigaciones científicas, las tareas de rescate en situaciones de emergencia y las prácticas deportivas no motorizadas como el andinismo o la escalada.
El proyecto ya generó críticas de sectores de la oposición y de organizaciones ambientalistas, que advierten que la modificación podría debilitar la protección de áreas consideradas estratégicas para la preservación del agua en el país.
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