El abogado Gustavo De la Fuente, acusado de trata de personas, tuvo un duro revés legal este lunes 8 de julio de 2024. Después de una audiencia de indagatoria en la que el letrado optó por no hacer declaraciones, el juez federal Leopoldo Rago Gallo le dictó prisión preventiva y lo envió al Servicio Penitenciario Provincial situado en el departamento Chimbas.
La indagatoria, que había sido reprogramada desde la semana pasada, se llevó a cabo en la mañana de este lunes. De la Fuente fue detenido el pasado martes 2 de julio por su presunta implicación en un caso de trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Siguiendo el consejo de su abogado defensor, Fernando Castro, se abstuvo de declarar. La defensa solicitó que se subiera al sistema la prueba que sustenta los cargos, con el fin de evaluar la posibilidad de que De la Fuente pueda ofrecer una declaración detallada sobre los hechos. «Él está tranquilo y confía en su inocencia», afirmó el abogado Castro.
En esta causa también están implicados un colombiano de apellido Quevedo y un venezolano. Las víctimas serían tres mujeres, dos de ellas ofrecían servicios sexuales virtuales a través de una plataforma online destinada al extranjero. La tercera mujer se encargaba de la limpieza. Las actividades se llevaban a cabo en un local administrado por los dos extranjeros y De la Fuente, ubicado en calle Güemes, cerca de Libertador, en el centro de San Juan.
En 2022, fiscalía Cavig allanó ese mismo lugar, pero la causa no avanzó. Sin embargo, a principios de este año, una denuncia anónima reavivó las sospechas de explotación sexual, lo que llevó a la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y al inicio de una investigación por parte del Juzgado Federal de San Juan, incluyendo escuchas telefónicas.
Se sospecha que las mujeres eran explotadas laboral y sexualmente, con la mitad de las ganancias de la venta de contenido sexual en línea quedándose en manos de los administradores. Aunque las mujeres no tenían contacto físico con otros, se sugiere que los usuarios podían controlar dispositivos sexuales remotamente.
Los allegados a De la Fuente aseguran que no hubo ninguna actividad ilícita y que la venta de contenido sexual en línea no está prohibida. Según ellos, las mujeres eran mayores de edad y tenían contratos de trabajo. A pesar de estas afirmaciones, las pruebas en manos del juez federal y el fiscal Francisco Maldonado llevaron a las detenciones. Las mujeres y Quevedo ya prestaron declaración la semana pasada.
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