Los representantes legales de tres gremios docentes de San Juan presentaron un recurso jerárquico contra una resolución de la Subsecretaría de Trabajo que restringe el ejercicio del derecho a huelga, en el marco de la aplicación de la ley de modernización laboral.
La medida oficial establece la obligación de garantizar el 75% del servicio educativo durante una protesta, lo que en la práctica impide la realización de paros totales. Para las entidades sindicales, esta disposición constituye una “restricción indebida del derecho a huelga”, tal como señalaron en el escrito presentado.
El planteo se formalizó dentro de un expediente administrativo y apunta directamente contra la decisión de la autoridad laboral provincial. Según argumentaron los letrados, la resolución implica una afectación directa de derechos constitucionales protegidos por la normativa nacional.
Entre los principales cuestionamientos, los abogados sostienen que la medida es arbitraria y carece de fundamentos suficientes, ya que —afirman— no se evaluaron correctamente los elementos del caso ni se justificó adecuadamente la necesidad de la restricción.
Además, señalaron la existencia de posibles vicios en el procedimiento administrativo, lo que podría comprometer la legalidad del acto dictado. En ese sentido, advirtieron que no se habrían respetado plenamente las garantías del debido proceso.
Otro de los ejes del recurso es la falta de proporcionalidad de la medida. Según los gremios, la exigencia de garantizar un alto porcentaje del servicio resulta excesiva frente a los objetivos perseguidos por la autoridad, lo que la vuelve cuestionable desde el punto de vista jurídico.
El escrito también pone el foco en la protección de la actividad sindical, al considerar que la resolución afecta el normal funcionamiento de las organizaciones y su capacidad de representación en conflictos laborales.
En este marco, los letrados solicitaron que una instancia superior revise la medida y disponga su revocación o modificación, con el objetivo de restituir plenamente el derecho a huelga en el sector docente. Entre los planteos, también se incluye la declaración de inconstitucionalidad del artículo 101 de la Ley 27.802, que establece la esencialidad de la educación.
Ahora, será una autoridad jerárquicamente superior dentro de la estructura administrativa la que deberá analizar el recurso y definir si confirma o deja sin efecto la resolución.
El caso se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno provincial y los gremios docentes, en medio de reclamos salariales y laborales que vienen marcando la agenda en San Juan. La resolución de este conflicto podría impactar en futuras negociaciones y medidas de fuerza en la provincia.
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