La disputa política y judicial por la obra del Acueducto Gran Tulum sumó este martes un capítulo decisivo. Tras la denuncia presentada por el abogado y líder del GEN, Marcelo Arancibia, en la UFI Delitos Especiales, el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, dejó abierta la posibilidad de que el organismo se convierta en querellante si la Justicia confirma indicios de corrupción durante los dos periodos de gobierno de Sergio Uñac (2015–2023).
En el programa Demasiada Información por Radio Light, Dávila fue directo: “Si hay investigación por corrupción en las gestiones anteriores, nos haremos parte”. Con esa frase, el funcionario dejó en claro que la Fiscalía de Estado podría intervenir formalmente si el Ministerio Público Fiscal determina que el patrimonio provincial está comprometido.
“La denuncia deberá pasar al estudio del Ministerio Público Fiscal de la UFI Delitos Especiales y, a partir de ahí, realizar el abordaje. Por lo que he estado leyendo, involucra el patrimonio de la provincia; de ser así, deberemos constituirnos como parte querellante”, sostuvo.
La pregunta clave: ¿cuándo intervendrá Fiscalía?
Consultado sobre si actuarán apenas se detecten sospechas, Dávila no dejó lugar a dudas:
“Si consideran que el proceso puede avanzar, nos constituiremos como parte querellante”.
Explicó que el organismo analizará los elementos del legajo y que su rol dependerá de lo que la UFI determine en esta etapa inicial:
“El que conduce la investigación es el Ministerio Público Fiscal… Nosotros podemos aportar, pero es el fiscal quien hace los pedidos pertinentes”.
Los informes legislativos, bajo la lupa
Uno de los puntos más sensibles está relacionado con los informes solicitados desde la Cámara de Diputados al Ejecutivo sobre el avance del acueducto, especialmente aquellos vinculados con OSSE. Dávila señaló que esa documentación debería estar incorporada a los expedientes administrativos de contratación.
“Esos informes seguramente serán parte de la denuncia”, afirmó, aunque aclaró que será la UFI quien determine su relevancia jurídica.
¿Detectó Fiscalía irregularidades antes?
Según Dávila, no:
“Formalmente no nos ha llegado ninguna circunstancia que nos permita elevarlo a la Justicia”, aseguró.
También recordó que Fiscalía no es la que inicia las denuncias, sino que esa responsabilidad recae en los funcionarios que intervienen en los procesos administrativos. No obstante, ahora que la denuncia de Arancibia ya está radicada:
“Tendremos que abocarnos y adelantar todo este procedimiento administrativo para intervenir en el ámbito judicial”.
Cómo se activa la participación de Fiscalía
Dávila explicó el mecanismo: cuando un caso penal involucra directamente el patrimonio estatal, la UFI notifica a Fiscalía y le corre traslado para que decida intervenir.
“Si el fiscal entiende que está involucrado el patrimonio de la provincia, se nos notifica y nos hacemos parte”, detalló.
De esta manera, el avance —o no— de la denuncia será definitorio para el rol que asumirá el organismo.
La frase que encendió más dudas
Finalmente, el fiscal de Estado fue consultado por las declaraciones del ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, quien días atrás afirmó:
“La obra no estaría, pero los pagos sí están”.
Dávila se desmarcó por completo:
“No soy especialista en cuestiones técnicas de obra… desconozco el avance de los pagos y eso depende de las certificaciones del Ministerio de Infraestructura”.
Mientras tanto, la denuncia de Arancibia —que apunta a presuntos delitos como malversación de fondos públicos, cohecho, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles y defraudación al Estado— comienza a generar movimientos institucionales que podrían derivar en una causa de alto impacto político.
El episodio promete escalar: la Justicia ya estudia la presentación y ahora es la Fiscalía de Estado la que anticipa que, si hay elementos, será parte activa del proceso.
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