La Policía del Chaco, bajo la gestión del gobernador Leandro Zdero, atraviesa una crisis institucional sin precedentes luego de que un grupo de efectivos intentara robar nueve kilos de cocaína durante la primera quema oficial de drogas organizada por la fuerza provincial.
El escándalo se desató cuando cámaras de televisión registraron el momento en que los agentes pretendían hacer pasar ladrillos de yeso como si fueran los estupefacientes que debían ser incinerados, dejando al descubierto la maniobra.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la jueza federal Zunilda Niremperger procesó con prisión preventiva por 100 días a siete policías implicados en el hecho. Los acusados enfrentan cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravados por su condición de funcionarios públicos.
Los imputados
Entre los procesados se encuentran jefes y suboficiales de la fuerza provincial:
• Rubén Héctor César Alegre, comisario
• Franco Andrés Ramírez, subcomisario
• Lucas Exequiel Martínez, oficial
• Gustavo Jesús Acosta, suboficial
• Juan Nicolás Almirón Núñez, suboficial
• Gustavo Andrés Quizama, suboficial
• Néstor Ariel Urne Cantero, suboficial
Contexto político y antecedentes
El episodio ocurrió poco después de que el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, destacara públicamente la política de lucha contra el narcotráfico impulsada por Patricia Bullrich, en un encuentro reciente.
Fuentes locales señalaron que el caso supera los antecedentes habituales de corrupción dentro de la fuerza. Un ex diputado peronista consultado sostuvo que, si bien existen antecedentes de procedimientos irregulares, “esto ya fue demasiado, se bandearon totalmente”. También se recordó un caso previo en la localidad de Castelli, donde un fiscal antidrogas fue detenido con 200 kilos de marihuana.
Qué penas podrían enfrentar
Los efectivos procesados están acusados de violar la Ley de Estupefacientes 23.737. El delito de tenencia con fines de comercialización contempla penas de 4 a 15 años de prisión, pero la condena podría agravarse debido a que los imputados son funcionarios públicos encargados de prevenir y perseguir este tipo de delitos, lo que habilita un aumento de la escala penal.
Comentarios