Tras casi dos años de espera, el abogado penalista Gustavo de la Fuente será llevado a juicio oral acusado de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.
Fuentes judiciales confirmaron que en el Tribunal Oral Criminal Federal trabajan para que el debate comience el mes próximo o, a más tardar, en junio. Actualmente, se encuentran en etapa de revisión y depuración de las pruebas que serán utilizadas durante el proceso.
Junto a De la Fuente también será juzgado John Sebastian Quevedo, de nacionalidad colombiana, quien figuraba como presunto socio en el estudio de modelaje “Belle Argentina”.
Según la acusación, al menos 21 mujeres habrían sido captadas para realizar transmisiones en vivo de contenido erótico y sexual para usuarios del exterior, en un esquema donde los imputados controlaban la actividad y los ingresos.
El avance hacia el juicio se produjo luego de que el juez federal Leopoldo Rago Gallo diera por cerrada la etapa de instrucción y elevara la causa. El debate estará a cargo de un tribunal unipersonal, encabezado por el juez Daniel Doffo.
Uno de los puntos clave es que De la Fuente lleva cerca de dos años detenido con prisión preventiva. La legislación establece límites a este tipo de detenciones sin condena firme, por lo que desde el tribunal buscan evitar una prórroga y avanzar con el juicio en el corto plazo.
La causa se inició en 2024, tras una investigación impulsada por el fiscal Francisco Maldonado, que derivó en un operativo de Gendarmería Nacional Argentina con allanamientos, secuestro de material y detenciones.
Posteriormente, el expediente fue continuado por el fiscal Fernando Alcaraz, quien solicitó la elevación a juicio.
Durante los procedimientos, los investigadores encontraron contratos firmados por las mujeres donde se establecía que la empresa no podía retener más del 50% de los ingresos generados por los contenidos. Sin embargo, sospechan que las víctimas no conocían el monto real de las ganancias, ya que los acusados administraban completamente la actividad.
Además, la fiscalía considera que existió un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las mujeres, muchas de ellas en condiciones económicas precarias.
La imputación se basa en el artículo 145 bis del Código Penal, que sanciona la trata de personas con penas que pueden agravarse según la cantidad de víctimas, la participación de varias personas y la efectiva explotación.
El caso se encamina así a una instancia clave, donde se debatirá la responsabilidad de los acusados en uno de los procesos más sensibles de los últimos años en la provincia.
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