El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso, abrió un debate que excede el reclamo argentino por las Islas Malvinas. La iniciativa incorpora modificaciones en materia de defensa, seguridad nacional, inteligencia, financiamiento político y Código Penal.
Uno de los puntos que generó cuestionamientos está relacionado con la creación de nuevos delitos vinculados con la influencia extranjera, la alteración de procesos electorales y las campañas coordinadas de “desinformación masiva”.
Qué establece el proyecto
El artículo 111 propone incorporar el artículo 225 bis al Código Penal. Según el texto difundido, establece penas de 5 a 12 años de prisión para quien, actuando por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
La escala podría elevarse a entre 8 y 15 años cuando la conducta se concrete mediante amenazas, sobornos, coerción o utilización de estructuras criminales.
El proyecto, además, contempla otras figuras vinculadas con operaciones clandestinas de inteligencia, entrega de información sensible y acciones desarrolladas en beneficio de actores extranjeros.
La discusión sobre qué es “desinformación”
Uno de los principales puntos de debate está en la precisión de términos como “desinformación masiva”, “campañas coordinadas” y “manipular la opinión pública”.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó la redacción y sostuvo que podría entrar en tensión con el principio de legalidad penal, que exige que las conductas consideradas delitos estén definidas de manera precisa. También advirtió sobre un posible efecto intimidatorio sobre quienes investigan, publican o expresan opiniones.
Por su parte, el constitucionalista Félix Lonigro planteó interrogantes sobre quién determinaría cuándo una información constituye desinformación y cuestionó el margen de interpretación que podría generar la norma.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también manifestó preocupación por el artículo 225 bis y señaló que, a su criterio, deberían realizarse modificaciones para evitar que la norma pueda afectar el ejercicio del periodismo, la crítica política y la discusión sobre asuntos de interés público.
El vínculo con un actor extranjero
La figura propuesta contiene un requisito específico: la persona debe actuar por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero.
Ese elemento limita el alcance de la figura respecto de expresiones o publicaciones realizadas sin esa vinculación. Sin embargo, los cuestionamientos de especialistas se concentran en cómo se determinaría judicialmente cuándo existe una campaña coordinada de desinformación y cuál sería el límite entre una información falsa, una opinión, una investigación periodística controvertida y una conducta penal.
Desde el Gobierno, según fuentes citadas por medios nacionales, se sostiene que el proyecto apunta a conductas vinculadas con actores extranjeros y que no tiene como objetivo perseguir al periodismo.
El Consejo de Seguridad Nacional
Otro de los aspectos relevantes de la iniciativa es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que funcionaría como órgano de coordinación de políticas vinculadas con defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructuras críticas.
El proyecto también contempla facultades para adoptar medidas frente a amenazas consideradas graves e inminentes, aspecto que forma parte del debate sobre los alcances que tendría el nuevo sistema.
Por el momento, se trata de un proyecto de ley que deberá ser debatido por el Congreso, por lo que las modificaciones propuestas todavía no forman parte del Código Penal ni se encuentran vigentes.
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