El Partido Justicialista de San Juan volvió a cargar contra el Gobierno de Marcelo Orrego en la previa del tratamiento legislativo del acuerdo alcanzado con Vicuña, mediante el cual San Juan recibirá un aporte anticipado de USD 250 millones para infraestructura.
Desde el PJ, con el exgobernador Sergio Uñac entre sus principales referentes, difundieron un mensaje en el que sostienen que “la Legislatura no es una escribanía”, reclamando que los diputados analicen el convenio y ejerzan su función de control.
El problema para el justicialismo es que esa frase también invita a mirar hacia atrás.
Cuando gobernaba el PJ, ¿la Legislatura era independiente?
Durante las tres gestiones de José Luis Gioja y las dos de Sergio Uñac, el justicialismo gobernó San Juan durante aproximadamente dos décadas y mantuvo durante buena parte de ese período un fuerte predominio político en la Cámara de Diputados.
Desde la oposición se cuestionó reiteradamente el funcionamiento de la Legislatura y se utilizó durante años la expresión “escribanía” para señalar que las mayorías oficialistas acompañaban los proyectos enviados por el Ejecutivo.
Hoy, con el peronismo fuera del Gobierno provincial, el discurso parece haber cambiado.
Ahora el PJ reclama que la Legislatura no sea una escribanía y cuestiona que el oficialismo pretenda avanzar con un acuerdo que Orrego considera estratégico para el desarrollo económico de San Juan.
La diferencia es que el convenio con Vicuña no implica que la provincia tome nueva deuda para recibir esos USD 250 millones. Se trata de un aporte extraordinario, único, no reembolsable ni compensable, destinado a infraestructura. El acuerdo contempla además un esquema de regalías del 3% y una contribución adicional vinculada a la facturación del proyecto.
Es decir: San Juan no está solicitando un préstamo de USD 250 millones. Una empresa minera realizará un aporte a la provincia para financiar obras antes incluso del inicio de la producción.
El antecedente que el PJ prefiere no recordar
Mientras el justicialismo cuestiona el acuerdo de Orrego, existe un antecedente que merece ser puesto sobre la mesa.
Durante el gobierno de Sergio Uñac, en 2019, la Provincia de San Juan obtuvo un préstamo de USD 50 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) destinado al Acueducto Gran Tulum. La documentación oficial nacional establece expresamente que el crédito fue firmado por la provincia durante la gestión de Uñac.
A ese financiamiento se suma otro crédito de aproximadamente USD 50 millones del Fondo Kuwaití para el mismo proyecto. La información oficial registra para el Acueducto Gran Tulum un préstamo por USD 49,89 millones.
En total, se trata de cerca de USD 100 millones en financiamiento externo asociado al proyecto.
Y aquí aparece la contradicción política.
El Acueducto Gran Tulum fue presentado durante aquellos gobiernos como una obra estratégica para resolver el abastecimiento de agua potable del Gran San Juan. Sin embargo, el proyecto no llegó a completarse como estaba previsto y la provincia continúa arrastrando compromisos vinculados a esos financiamientos.
Entonces cabe preguntarse: ¿por qué el PJ exige ahora una mirada tan rigurosa sobre un aporte de USD 250 millones que no es deuda provincial, mientras durante sus gestiones se recurrió a financiamiento externo para una obra que todavía sigue siendo una cuenta pendiente?
Orrego propone otro modelo
El acuerdo con Vicuña representa una diferencia sustancial con aquel esquema.
La gestión de Marcelo Orrego consiguió que una compañía minera adelante USD 250 millones para infraestructura provincial, antes del inicio de la producción. Los fondos serán destinados a obras viales, hídricas y de saneamiento, entre otros proyectos estratégicos.
Además, ya se anunció que una de las primeras obras será la reconstrucción de un tramo de la Ruta Nacional 40 Norte, entre Albardón y Jáchal.
Por eso, la discusión legislativa debe existir. La oposición tiene derecho a preguntar, revisar, exigir información y votar de acuerdo con sus convicciones.
Pero también resulta legítimo preguntarle al PJ por su propia gestión.
Porque una cosa es exigir controles y otra muy distinta es pretender presentarse como el garante histórico de la transparencia legislativa después de haber gobernado San Juan durante 20 años.
El Gobierno de Orrego tiene hoy la oportunidad de transformar un acuerdo minero en obras concretas para los sanjuaninos, sin cargar a la provincia con una nueva deuda de USD 250 millones.
El PJ puede acompañar, cuestionar o votar en contra. Lo que no puede hacer es pedir que los sanjuaninos olviden su propia historia.
La Legislatura no debe ser una escribanía. Nunca. Ni ahora cuando gobierna Orrego, ni cuando gobernaba Gioja, ni cuando gobernaba Uñac. La verdadera discusión es si los diputados van a analizar el acuerdo con seriedad y si San Juan finalmente aprovechará una oportunidad de inversión que puede marcar un antes y un después para la provincia.
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