El oficialismo busca aprobar la reforma de la ley de glaciares en diputados

La Libertad Avanza apunta a conseguir los votos necesarios el 8 de abril, en medio de apoyos de gobernadores y cuestionamientos de sectores ambientalistas.

El bloque de La Libertad Avanza buscará convertir en ley la reforma de la Ley de Glaciares el próximo 8 de abril en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Antes de llegar al recinto, el proyecto será debatido el martes en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. Allí expondrán gobernadores del norte del país que respaldan la iniciativa, tras lo cual se avanzará con la firma del dictamen.

La discusión se da luego de las audiencias públicas realizadas el 25 y 26 de marzo, en las que participaron cerca de 200 oradores de forma presencial y una cifra similar de manera virtual, sobre un total de 100 mil inscriptos. Ese proceso generó críticas por parte de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición.

Desde el oficialismo confían en alcanzar los 129 diputados necesarios para habilitar la sesión y avanzar con la sanción definitiva del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, solo emite su voto en casos de empate o cuando se requieren mayorías especiales.

Según el esquema que manejan, el oficialismo reúne unos 94 votos propios y suma respaldos de bloques aliados como Innovación Federal, Producción y Trabajo, parte de Fuerzas del Cambio y algunos legisladores de Provincias Unidas.

La reforma fue impulsada por el Gobierno nacional a pedido de gobernadores aliados, con el objetivo de despejar incertidumbre sobre futuras inversiones mineras. Entre quienes promueven la iniciativa se encuentran Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación de los criterios de protección, lo que permitiría habilitar actividades económicas en zonas previamente restringidas, especialmente en áreas periglaciales. Además, se propone otorgar mayor autonomía a las provincias para definir qué zonas proteger, reduciendo la intervención del Estado nacional.

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