El caso que conmocionó al departamento Pocito y al ámbito de las artes marciales mixtas tuvo un giro decisivo: el luchador Leandro Morales, conocido como “Veneno”, admitió haber cometido el homicidio de Víctor Daniel Cachi y aceptó una condena de 10 años de prisión efectiva.
El acuerdo se concretó mediante juicio abreviado y fue homologado por el juez Pablo León.
Un cambio de estrategia que evitó el juicio oral
En un principio, la causa se encaminaba a un juicio oral por homicidio simple, delito por el cual la Fiscalía había anticipado un pedido de pena que podía llegar hasta los 16 años de prisión.
Sin embargo, tras cambiar de defensa, Morales decidió admitir su responsabilidad y firmar un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Roberto Ginsberg junto a la fiscal ayudante Agostina Ventimiglia.
Cómo ocurrió el crimen
El hecho ocurrió en abril de 2025 en el Lote Hogar N.º 12, en el departamento Pocito.
Según la investigación, la víctima realizaba pequeños trabajos en la zona a cambio de comida y ese día llevaba una bolsa con presas de pollo y semitas cuando mantuvo una discusión con Morales frente a su vivienda.
La pelea comenzó con golpes y luego escaló cuando el luchador utilizó un cuchillo.
La autopsia determinó que Cachi recibió una puñalada en el muslo izquierdo que dañó la arteria femoral, lo que provocó una hemorragia masiva y su muerte en pocos minutos. Los peritos también detectaron golpes en el rostro, compatibles con una pelea previa.
Durante el proceso, los fiscales indicaron que la víctima intentó retirarse y dirigirse hacia un puesto policial, pero posteriormente regresó al barrio donde ocurrió el ataque fatal.
Un testigo declaró que Morales le había advertido que no volviera a pasar por la zona antes de atacarlo con el arma blanca.
Las posturas durante el proceso
La defensa buscó inicialmente que el hecho fuera calificado como homicidio preterintencional, una figura penal menos grave.
Por su parte, la querella insistía en homicidio agravado por alevosía, delito que podría haber implicado prisión perpetua.
Finalmente, con el nuevo abogado Jorge Gil, Morales cambió su estrategia, reconoció el crimen y aceptó el acuerdo con la Fiscalía.
La resolución del juicio abreviado permitió evitar el juicio oral y público, estableciendo una pena de 10 años de cárcel efectiva.
El caso generó gran impacto tanto en el barrio donde ocurrió el hecho como en la comunidad deportiva vinculada a las artes marciales mixtas.
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