La tensión en el núcleo duro del kirchnerismo alcanzó su punto más alto este viernes, cuando el senador Oscar Parrilli llamó al diputado Eduardo Valdés para comunicar lo que en el Instituto Patria ya dan por descontado: la Corte Suprema fallará el próximo martes en contra de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La preocupación es tal que en el entorno de la ex presidenta se instaló la idea de una posible detención, que sería inminente.
Según trascendió, el fallo podría conocerse en la próxima reunión de acuerdos del máximo tribunal. La angustia se palpa en los mensajes cruzados entre dirigentes, legisladores y militantes kirchneristas, quienes comparten la certeza de que el escenario judicial se tornó irreversible tras el reciente rechazo de la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti. La propia Cristina habría asumido este desenlace, según fuentes judiciales consultadas.
De concretarse la sentencia antes del 19 de julio, la ex mandataria no podría postularse como candidata a diputada por la Tercera Sección Electoral bonaerense, un distrito clave donde conserva fuerte respaldo. Desde el Instituto Patria confirmaron que no existe ningún canal de interlocución con la Corte, lo que alimenta aún más la incertidumbre.
En paralelo, sectores del kirchnerismo evalúan una posible movilización en caso de que se avance con la detención de Cristina. El diputado y dirigente bancario Sergio Palazzo ya pidió públicamente una “expresión popular” que rechace lo que consideran un intento de proscripción. Desde distintos despachos del peronismo se habla de “alerta y movilización”.
La eventual decisión judicial no solo sacudiría al peronismo sino que también tendría un fuerte impacto en la escena política nacional. Algunos referentes comparan el caso con el encarcelamiento de Lula en Brasil, que terminó con su regreso al poder. Otros creen que un fallo así puede reordenar el mapa interno del PJ, unificándolo frente a lo que leerán como una embestida del Poder Judicial.
Aunque la Corte aún tiene varias alternativas procesales —como rechazar los recursos o directamente no tomarlos—, todo indica que se avecina un momento bisagra. Sea para confirmar la condena original o para ampliarla, como propone el recurso de la fiscalía que pide 12 años de prisión por asociación ilícita, el impacto político será inmediato.
En el oficialismo de Javier Milei observan este escenario con cautela. Una posible baja de Cristina de la contienda electoral podría ser un alivio táctico en la estratégica Tercera Sección. Pero, al mismo tiempo, podría generar un efecto rebote con fuerte movilización y victimización del kirchnerismo.
Lo cierto es que, más allá de los plazos judiciales, el peronismo ya comenzó a preparar su relato: si Cristina es condenada, será presentada como una proscripción. En un año electoral caliente, la bomba política ya está armada. Falta saber si la Corte decide activarla.
Comentarios