El juicio por injurias que enfrenta el exoficial Gabriel Riveros Alday contra el exjefe de la Policía de San Juan, Luis Walter Martínez, avanzó este jueves hacia una etapa decisiva con la realización de los alegatos ante el juez Matías Parrón.
Durante la audiencia desarrollada en Tribunales, la parte querellante, representada por los abogados Martín Torcivia y Débora Morales Ortiz, solicitó que Riveros Alday sea condenado por cuatro hechos de injurias relacionados con publicaciones y expresiones difundidas principalmente a través de TikTok.
Según trascendió, la acusación pidió una multa de 20 mil pesos por cada uno de los hechos denunciados, lo que suma un total de 80 mil pesos. Además, requirieron que el exuniformado deje de realizar publicaciones o manifestaciones contra Martínez en redes sociales.
La causa se originó tras una serie de videos y publicaciones en los que Riveros Alday vinculó al exjefe policial con presuntos hechos de corrupción. Martínez consideró que esas expresiones afectaron su honor y decidió avanzar judicialmente mediante una querella por injurias.
En esta etapa del proceso también se incorporaron pruebas documentales y distintos elementos vinculados a las publicaciones realizadas por el exefectivo policial. De acuerdo a fuentes judiciales, la defensa de Riveros Alday no realizó pedidos especiales durante la audiencia.
La resolución quedó ahora en manos del juez Matías Parrón, quien dará a conocer el fallo el próximo martes a las 11 de la mañana, momento en el que se definirá si el exoficial será condenado o absuelto.
El caso tuvo fuerte repercusión pública debido a la exposición mediática que Riveros Alday mantuvo durante el último tiempo a través de redes sociales, donde difundió denuncias y cuestionamientos contra integrantes de la fuerza policial y autoridades vinculadas a la institución.
El nombre del exuniformado ya había tomado notoriedad en 2025, luego de resultar herido de arma de fuego en un episodio ocurrido en el barrio La Estación, en Rawson. Tras ese hecho, utilizó sus plataformas digitales para denunciar supuestas irregularidades dentro de la Policía y cuestionar medidas administrativas tomadas en su contra, entre ellas una suspensión y un proceso de cesantía.
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