Los trabajadores de la municipalidad de Pocito reclamaron por un concurso de ascensos realizados durante la gestión del exintendente, Armando Sanchez el año pasado, que al parecer no estuvo bien realizado. Por ese motivo, y es que ante la falta de una respuesta por parte del ejecutivo municipal desde la justicia local, decidieron suspender el concurso y sancionar con una multa al municipio.
Tal es la falta de respuesta por parte de la municipalidad para con los empleados, que éstos ultimos pidieron inclusive que el castigo monetario impuesto por parte de la justicia, sea respondido de forma inmediata con el sueldo del intendente, cargo que hoy ostenta el uñaquista Fabio Aballay.
Fuentes judiciales, confirmaron que «por no responder, Pocito deberá pagar 420 mil pesos por el mes de enero, 380 mil pesos por febrero, más 20 mil pesos por cada día hábil de marzo, lo que hace un total de casi un millón de pesos.
Hoy, toda la responsabilidad recae en los hombros de Aballay por ser la máxima autoridad comunal y por ello la Justicia puede determinar un embargo de su sueldo.
CONCURSO POLÉMICO
El concurso de ascensos en Pocito comenzó a principios del año pasado, luego de que la comuna anunciara el procedimiento para cubrir vacantes que se habían generado por distintos motivos, como fallecimiento y jubilación. Este proceso implicó una oportunidad clave para los trabajadores de planta permanente, ya que, por un mecanismo interno, cerrado de oposición y antecedente, podían acceder a un cargo superior, lo que implica crecer dentro del escalafón comunal y una mejor remuneración.
Los aspirantes debían presentar la documentación necesaria para el cargo que aspiraban, mientras que una Junta Examinadora resolvía un puntaje y un orden de mérito. Lo llamativo, y según el reclamo de tres trabajadores que fueron a la Justicia, es que la Junta dispuso que los aspirantes debían rendir un examen, punto que no estaba establecido en el llamado a concurso original.
Según indicaron fuentes calificadas, y consta de las resoluciones judiciales, los tres empleados pidieron explicaciones al municipio, de por qué se había agregado un nuevo requisito de evaluación, pero no tuvieron ningún tipo de respuesta en todo el 2023, por lo que, a fines del año pasado fueron a la Justicia.
En el reclamo solicitaron que se obligue a Pocito a responder y, mientras, se suspenda el concurso. Así, el titular del noveno juzgado Civil, Pablo Oritja, le dio la razón a los trabajadores, por lo que dictó una medida cautelar, y dispuso suspender el concurso para los cargos a los que se habían anotado los empleados.
Pocito fue notificada, pero no respondió la resolución judicial, por lo que los trabajadores solicitaron a la Justicia que aplique multas, de 20 mil pesos por día, lo que implica 420 mil pesos en enero y 380 mil pesos en febrero, más las jornadas de marzo.
SEGUNDA VEZ QUE OCURRE LO MISMO
No es la primera vez que existe un reclamo por un concurso en Pocito. La misma situación se vivió en 2019, durante la anterior gestión de Aballay, al punto que, en esa oportunidad, por la falta de respuesta, la Justicia también resolvió embargar el sueldo del intendente, liquidación que se aplicó en septiembre de ese año.
Con información 0264
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