El Gobierno de Javier Milei anunció este viernes que la Cancillería iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Según informó la administración nacional, la medida apunta a posibles incumplimientos del artículo 2° de la Ley 26.659, que prohíbe realizar este tipo de actividades sin autorización de la Argentina.
El procedimiento no alcanzará únicamente a las empresas directamente involucradas, sino también a accionistas y compañías que brindan servicios relacionados con las operaciones.
El proyecto sea lion, en el centro de la disputa
La decisión fue anunciada pocas horas después de que Milei, durante un mensaje por cadena nacional, reafirmara el reclamo argentino de soberanía sobre las Malvinas y cuestionara el avance del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
El proyecto está encabezado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.
El yacimiento fue descubierto en 2010 y se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas, a unos 450 metros de profundidad.
Según datos de Navitas, las reservas probadas y probables alcanzaban los 314 millones de barriles al 31 de julio. La producción proyectada es de unos 50.000 barriles diarios y el inicio de la extracción está previsto para marzo de 2028.
Antecedentes de las empresas
La Cancillería ya había rechazado en diciembre de 2025 la decisión de inversión de las compañías y sostuvo que ambas operan sin autorización argentina.
Además, recordó que la explotación unilateral de recursos en una zona en disputa contradice resoluciones de Naciones Unidas.
El Gobierno también señaló que Rockhopper fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años mediante la Resolución 133/2012, mientras que Navitas recibió una sanción similar mediante la Resolución 240/2022.
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