El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y puso en marcha el nuevo régimen de pensiones no contributivas, en cumplimiento de un fallo judicial que ordenó su aplicación inmediata. La medida fue oficializada a través del decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La normativa fija los criterios de acceso, incompatibilidades y el proceso de evaluación socioeconómica para las nuevas prestaciones. La reglamentación llegó luego de que el Juzgado Federal de Campana declarara inválida la suspensión de la ley, aprobada por el Congreso en septiembre de 2025, y estableciera el 4 de febrero como fecha límite para su implementación plena.
El fallo judicial fue consecuencia de un amparo colectivo presentado en representación de dos menores, en medio de la disputa entre el Poder Ejecutivo y el Congreso por el financiamiento del régimen.
Según el decreto, la Secretaría Nacional de Discapacidad —ahora bajo la órbita del Ministerio de Salud— será la encargada de ejecutar los procedimientos y controles del sistema. Además, se dispuso convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación y presentar, en un plazo de 30 días, un plan de auditorías periódicas.
La reglamentación también prevé mecanismos de articulación con organismos estatales y organizaciones civiles, como el Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor.
Uno de los puntos centrales de la implementación es la conversión automática de todas las pensiones vigentes al nuevo esquema denominado Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que implicará la revisión de miles de beneficios en todo el país. La norma reconoce las restricciones fiscales actuales y aclara que cualquier acción coordinada con provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberá ajustarse al presupuesto disponible.
En paralelo, el Gobierno oficializó cambios en la conducción del área. El médico sanitarista Alejandro Vilches fue designado secretario Nacional de Discapacidad, mientras que Gianfranco Scigliano asumió como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos. En tanto, el abogado Esteban Giler quedó al frente de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, con el objetivo de coordinar políticas de inclusión social, laboral y educativa.
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