El Gobierno nacional avanzará en un refuerzo de los controles psicológicos para los agentes de las Fuerzas Armadas, una medida que apunta a profundizar los mecanismos de evaluación existentes y fortalecer el seguimiento del personal militar. La decisión fue confirmada por fuentes del Ejecutivo y se tomó luego de la muerte de un soldado que cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos.
Según indicaron desde el Ministerio de Defensa, el objetivo no es reemplazar los sistemas actuales sino ampliar su alcance, con especial atención en aquellos efectivos que prestan servicio armado en entornos de alta exigencia, como la custodia presidencial o tareas de seguridad permanente.
Actualmente, las tres fuerzas cuentan con exámenes psicofísicos periódicos y obligatorios, que incluyen evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. En la Fuerza Aérea, por ejemplo, rigen controles anuales reglamentarios y evaluaciones especiales ante situaciones particulares, un esquema que se replica, con algunas diferencias, en el Ejército y la Armada.
En ese marco, Defensa analiza incorporar instancias adicionales de seguimiento, con énfasis en el acompañamiento psicológico continuo y la detección temprana de situaciones de riesgo. La revisión también contempla reforzar la intervención de los servicios de sanidad militar y actualizar los criterios de aptitud para destinos de alta exigencia operativa.
En paralelo, el Gobierno evalúa avanzar con una recomposición salarial para las Fuerzas Armadas. La discusión gira en torno a completar las dos últimas cuotas del esquema de recomposición dispuesto durante la gestión de Jorge Taiana, que quedó inconcluso y aún no fue oficializado por la actual conducción del área.
Desde la Casa Rosada aclaran que no hay definiciones formales ni fechas confirmadas y que cualquier incremento deberá contar con el aval presupuestario del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. Además, se analiza una posible reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
En el entorno del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, sostienen que el abordaje será integral y contemplará variables operativas, sanitarias y económicas. “No se puede analizar la situación del personal sin mirar todas las variables”, señalaron, al tiempo que remarcaron que la prioridad inmediata está puesta en revisar protocolos y reforzar el acompañamiento psicológico.
Mientras tanto, la investigación judicial por la muerte del soldado continúa en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. La causa es llevada adelante por la Dirección de Unidades Operativas Federales de San Isidro junto a la Policía Federal Argentina, bajo directivas del juzgado.
En el Gobierno evitaron dar precisiones sobre el material aportado a la Justicia, aunque aseguraron estar “a total disposición”. La muerte de Rodrigo Gómez, soldado del Ejército, generó fuerte preocupación en la mesa chica del Ejecutivo y motivó el análisis de nuevas medidas para mejorar las condiciones de quienes cumplen tareas de vigilancia en el entorno presidencial.
Comentarios