El Gobierno nacional negó nuevamente la existencia de un vínculo formal entre el presidente Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis, relacionado con el lanzamiento del token $LIBRA, y sostuvo que actuó dentro del marco legal al investigar el caso y colaborar con la Justicia.
La postura oficial fue plasmada en el informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni ante el Congreso, un documento de más de 2.000 páginas en el que el tema fue uno de los más consultados, con al menos 75 preguntas.
En ese marco, el Ejecutivo aseguró que “en los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existen constancias” de acuerdos, convenios o cualquier tipo de instrumento jurídico —formal o informal— entre el Presidente, la Secretaría General o el empresario Davis.
Además, el Gobierno relativizó las versiones difundidas sobre el contenido del teléfono del empresario Mauricio Novelli, donde se habrían encontrado referencias a pagos millonarios. Según indicó, se trata de “informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones del expediente judicial cuya autenticidad no ha sido verificada”.
En varias respuestas, el Ejecutivo evitó profundizar sobre el tema al argumentar que existe una investigación judicial en curso. También defendió las actuaciones internas, entre ellas el análisis de la Oficina Anticorrupción, que concluyó que el Presidente “no infringió la ley” al promocionar el enlace vinculado al token.
El informe menciona además una revisión en la Comisión Nacional de Valores sobre el rol de Sergio Morales, que no avanzó tras su renuncia.
Por otra parte, el Gobierno sostuvo que respondió a los requerimientos judiciales y que actuó dentro de sus competencias. Sin embargo, evitó contestar múltiples consultas del Poder Legislativo, incluidas aquellas referidas al rol de funcionarios como Karina Milei o el propio Adorni en la difusión del proyecto.
Entre los puntos sin respuesta figuran interrogantes sobre la eventual participación del Presidente en el desarrollo del token, su defensa legal y la posibilidad de que haya existido un engaño por parte de los impulsores.
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