El Gobierno nacional puso fin a la política de congelamiento salarial que regía desde el inicio de la gestión de Javier Milei y aplicó importantes aumentos a los sueldos del Gabinete, que en algunos casos superan el 120% en los primeros meses de 2026.
La medida comenzó a regir el pasado 2 de enero mediante un decreto que alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios. Sin embargo, tanto el Presidente como la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron excluidos de las subas.
Actualmente, Milei percibe un salario de $4.066.018, mientras que Villarruel cobra $3.764.821, montos que no tuvieron modificaciones pese a la recomposición aplicada al resto del equipo de gobierno.
En contraste, los ministros registraron una fuerte actualización: pasaron de cobrar alrededor de $3,5 millones en diciembre a más de $8 millones proyectados para mayo, lo que representa una suba cercana al 123%. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, percibe ingresos equivalentes a los de un ministro.
La recomposición también alcanzó a otros cargos jerárquicos. Los secretarios superaron los $7,3 millones, mientras que los subsecretarios pasaron a percibir más de $6,6 millones mensuales.
Desde el Ejecutivo justificaron la medida al señalar que los salarios venían sin actualización desde hacía dos años y que el incremento, incluso, se mantiene por debajo de la inflación acumulada en ese período, que ronda el 194%. Además, indicaron que busca evitar la fuga de funcionarios hacia el sector privado y sostener equipos técnicos en áreas clave.
Sin embargo, la decisión se da en un contexto sensible. El Gobierno ha sostenido un discurso centrado en la austeridad y el ajuste, por lo que la suba generó cuestionamientos, especialmente al compararla con los límites impuestos a las paritarias del sector privado.
La brecha también se refleja frente a otros ingresos del Estado. Según datos gremiales, el salario promedio de un trabajador estatal nacional ronda los $1,2 millones, muy por debajo de los niveles del Gabinete. Incluso dentro del propio Estado existen diferencias: un juez de la Corte Suprema percibe cerca de $9,9 millones, mientras que legisladores nacionales superan los $7 millones y $11 millones, respectivamente.
En este escenario, la actualización salarial reabre el debate sobre los ingresos de la dirigencia política, especialmente considerando que durante su campaña Milei había cuestionado los privilegios de “la casta”.
Pese a esto, tras las elecciones legislativas de 2025, el Ejecutivo avanzó con la medida argumentando la necesidad de contar con funcionarios “adecuadamente remunerados”, bajo criterios de competitividad y responsabilidad, sin afectar el equilibrio fiscal.
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