Tras el contundente respaldo en las urnas, el Gobierno nacional volvió a poner en agenda el debate por la reforma laboral, una iniciativa que busca modernizar el marco normativo y flexibilizar las relaciones de trabajo.
El proyecto, titulado Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, fue presentado por la diputada nacional Romina Diez y acompañado por legisladores de distintos bloques. El texto propone una profunda transformación de la legislación vigente, con ejes en la ampliación de la jornada laboral, la flexibilización de convenios colectivos y la posibilidad de abonar indemnizaciones en cuotas, entre otros puntos.
Desde el oficialismo aseguran que el objetivo es “institucionalizar un modelo que actualice y mejore las condiciones de empleadores y trabajadores”, tomando como referencia los lineamientos de la Ley Bases.
Entre los principales cambios, el proyecto plantea una modernización de la Ley de Contrato de Trabajo, ampliando las facultades del empleador para modificar las formas y modalidades del trabajo, redefiniendo beneficios sociales no remunerativos e incorporando mecanismos más flexibles para vacaciones, licencias y sanciones.
También introduce la instrumentación electrónica de los recibos de sueldo, la posibilidad de pago en efectivo, cheque o acreditación bancaria, y una actualización en la normativa sobre vacaciones, permitiendo su fragmentación y la coincidencia de fechas entre matrimonios o uniones convivenciales.
Otro de los capítulos clave es el de incentivos al empleo: se crearán bonos de crédito fiscal para empleadores que generen nuevos puestos de trabajo, con beneficios del 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes empresas, siempre que se trate de contrataciones genuinas.
En cuanto a indemnizaciones y juicios laborales, la iniciativa permite a las Pymes abonar las sentencias en hasta 12 cuotas mensuales y establece un nuevo régimen de intereses, con un tope vinculado al Índice de Precios al Consumidor más una tasa del 3% anual.
La propuesta también incluye ajustes en el régimen del trabajo agrario, delimitando su alcance y manteniendo la responsabilidad solidaria de las empresas usuarias.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de los legisladores Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, entre otros, y busca abrir un nuevo capítulo en la agenda económica del Gobierno tras los resultados de las elecciones legislativas.
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