El Gobierno nacional oficializó la implementación de dispositivos técnicos para identificar y neutralizar teléfonos móviles dentro de las cárceles federales, a través de la Resolución 336/2026. La medida fue impulsada por el Ministerio de Seguridad y lleva la firma de la ministra Alejandra Monteoliva.
El objetivo principal es desarticular los denominados “call centers” clandestinos que operan desde el interior de los penales, donde internos coordinan estafas telefónicas, amenazas y otros delitos utilizando celulares ingresados de manera ilegal.
A diferencia de los antiguos inhibidores de señal, que afectaban también a zonas cercanas, la nueva tecnología permite un bloqueo selectivo y preciso. El sistema identifica los códigos IMEI e IMSI de los dispositivos activos dentro del perímetro carcelario, evitando interferencias con usuarios externos.
La aplicación de este protocolo estará a cargo del Servicio Penitenciario Federal, que deberá garantizar un monitoreo constante para detectar y neutralizar equipos en funcionamiento, en línea con lo establecido por la Ley 24.660.
La normativa surge tras reiterados casos en los que organizaciones delictivas continuaban operando desde prisión, incluso con impacto en causas judiciales sensibles. En ese contexto, el Gobierno busca impedir que los líderes criminales mantengan el control de sus estructuras desde el encierro.
Además, la medida se alinea con reclamos legislativos en distintas provincias que exigen restringir el uso de celulares en cárceles, especialmente tras el fin de las flexibilizaciones implementadas durante la pandemia.
Con esta resolución, las autoridades apuntan a reforzar la seguridad pública mediante el uso de tecnología, limitando de forma efectiva una de las principales herramientas utilizadas para la comisión de delitos desde el ámbito penitenciario.
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