A través del decreto 219/2026 publicado en el Boletín Oficial, el gobierno encabezado por Javier Milei oficializó un esquema de asistencia financiera destinado a doce provincias, con el objetivo de aliviar sus cuentas y sostener el diálogo político con los mandatarios locales.
La medida habilita adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones, fondos que deberán ser devueltos dentro del mismo ejercicio fiscal en el que sean otorgados.
La distribución de los recursos quedará a cargo de la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, que evaluará la situación financiera de cada provincia y su participación en la recaudación nacional.
Las jurisdicciones alcanzadas por esta asistencia son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
El reintegro se realizará mediante descuentos automáticos sobre los fondos de coparticipación, con una tasa de interés nominal anual del 15%. Además, el área económica podrá acordar con cada provincia los plazos, modalidades de desembolso y condiciones de devolución.
Para acceder a estos anticipos, las provincias deberán autorizar al Estado nacional a efectuar las retenciones necesarias hasta cancelar la totalidad de la deuda, incluidos los intereses. También deberán comprometer su participación en el régimen de coparticipación previsto por la Ley 23.548 u otros fondos similares.
Desde el Ejecutivo indicaron que la implementación de este esquema implicó negociaciones en dos frentes: el político, encabezado por el Ministerio del Interior de la Nación Argentina, y el económico, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Según explicaron, la medida busca ordenar la asistencia financiera y limitar los pedidos reiterados de adelantos por parte de las provincias.
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