Ante las dificultades para emitir deuda en el mercado internacional por el nivel del riesgo país, el Gobierno nacional decidió buscar financiamiento en el mercado interno por hasta US$2.000 millones, fondos que se destinarán a afrontar el vencimiento de julio por US$4.500 millones.
Para ello, lanzará un nuevo bono en dólares denominado AL27, que tendrá un cupón del 6% de tasa nominal anual y pagará intereses mensuales. El vencimiento será en octubre de 2027, año en el que se celebrarán las próximas elecciones presidenciales.
El título solo podrá suscribirse en dólares y estará regido por legislación argentina. Las licitaciones se realizarán junto con las colocaciones en pesos, respetando el calendario establecido por la Secretaría de Finanzas.
En la primera subasta se ofrecerán US$150 millones, donde los inversores presentarán sus ofertas de precio. Al día siguiente habrá una segunda ronda ampliable por US$100 millones al mismo valor de corte, según información procesada por la Noticias Argentinas.
Por qué el Gobierno recurre al mercado local
La estrategia responde a varios factores económicos y financieros:
• Existe una elevada oferta de dólares proveniente de emisiones de deuda corporativa.
• Se prevén nuevas colocaciones de deuda por parte de provincias.
• Se espera un mayor ingreso de divisas por la cosecha gruesa.
• Se busca captar dólares fuera del sistema financiero, en el marco de la nueva ley de Inocencia Fiscal.
Desde el punto de vista monetario, la emisión del bono permitirá al Banco Central de la República Argentina reducir la emisión de pesos destinada a comprar dólares y recomponer reservas, lo que también disminuiría la necesidad de esterilizar liquidez.
Además, los nuevos títulos quedarán como obligación directa del Tesoro Nacional y podrían ayudar a sostener el precio del dólar, ya que los inversores tendrán la opción de suscribir el bono en lugar de vender divisas en el mercado.
Señal al mercado
La medida se anuncia con el riesgo país por encima de los 500 puntos, un nivel que complica el acceso al financiamiento internacional y genera dudas sobre la capacidad de refinanciar deuda externa.
Con esta estrategia, el Gobierno busca enviar una señal a los inversores internacionales de que cuenta con mecanismos de financiamiento interno para afrontar compromisos en moneda extranjera.
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