El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a partir de un pedido realizado por la Inspección General de Justicia (IGJ). La medida permitirá auditar la contabilidad y la administración de la entidad, en una decisión que abrió un conflicto institucional con implicancias políticas.
La veeduría tendrá una duración de 180 días hábiles y apunta a relevar documentación, examinar los estados contables y verificar el funcionamiento administrativo de la institución que preside Claudio Tapia.
Los veedores designados —el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco— tendrán acceso a libros contables, registros y documentación interna para comprobar el cumplimiento legal y estatutario de la organización.
Qué investigará la veeduría
Entre las principales tareas asignadas a los veedores se encuentran:
• Analizar los estados contables hasta el 30 de junio de 2025.
• Auditar la creación y funcionamiento de la Universidad de la AFA (UNAFA).
• Revisar operaciones económicas con empresas privadas.
• Examinar el manejo de derechos comerciales del fútbol argentino.
La investigación también incluye acuerdos con empresas como TourProdEnter LLC y el grupo Sur Finanzas, además de la participación de intermediarios en la gestión de derechos y flujos financieros internacionales.
Según la IGJ, la decisión se tomó luego de detectar demoras en la presentación de balances, falta de documentación respaldatoria y ausencia de respuestas a requerimientos previos, en un contexto en el que la AFA registró un fuerte crecimiento de ingresos tras el triunfo de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2022.
Un conflicto de jurisdicción
La medida también abrió una disputa sobre qué organismo debe controlar a la entidad.
Desde la AFA sostienen que la institución trasladó su domicilio a la provincia de Buenos Aires, por lo que debería ser fiscalizada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
Sin embargo, la IGJ argumenta que la sede real de la asociación continúa en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que mantiene su competencia sobre el control administrativo.
Este punto añade un componente político al conflicto, debido a la dependencia de la IGJ del Ministerio de Justicia de la Nación y al respaldo que el gobierno bonaerense expresó hacia la conducción de la AFA.
Qué puede pasar ahora
La veeduría no implica la intervención de la institución ni el desplazamiento de sus autoridades, sino un control administrativo reforzado.
Al finalizar el proceso, los veedores deberán presentar un informe final ante la autoridad de control, aunque también podrán emitir reportes parciales si detectan situaciones urgentes.
En función de las conclusiones, podrían adoptarse distintas medidas que van desde sanciones administrativas y pedidos de nueva documentación hasta acciones judiciales o intervenciones más profundas.
En paralelo, la AFA podría recurrir a la justicia para cuestionar la competencia de la IGJ o la legalidad de la veeduría, lo que trasladaría la disputa al ámbito judicial.
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