El Gobierno nacional avanzó con la baja de 13 empresas de medicina prepaga que se encontraban inscriptas de manera provisoria o con trámites inconclusos dentro del sistema de salud privada.
La decisión fue formalizada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y se conoció este miércoles a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial. Según informó el organismo, se rechazaron las solicitudes de inscripción definitiva y se cancelaron los registros provisorios que habían sido otorgados a estas entidades.
Desde la SSS explicaron que la medida se fundamenta en el incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente, ya que las empresas involucradas no finalizaron el proceso administrativo necesario para obtener la habilitación definitiva.
El edicto, firmado por la secretaria general del organismo, Silvia Noemí Viazzi, funciona como notificación formal tanto para las compañías alcanzadas como para los usuarios, y habilita el inicio de las instancias administrativas correspondientes.
Las firmas incluidas en este procedimiento son: Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud, Rescate Centro S.A., Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencia Cardio Asistencial S.A., Pangea S.A., la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y Armiento S.A., perteneciente al Grupo A Mano.
La resolución se enmarca en la revisión del padrón de prestadores habilitados, tal como lo establece la Ley 26.682, que exige la presentación de documentación respaldatoria, información financiera y datos vinculados a los afiliados.
Desde la Superintendencia señalaron que la publicación en el Boletín Oficial busca garantizar la transparencia del procedimiento y mantener informados a los usuarios de las compañías afectadas.
Estas nuevas bajas se suman a las dispuestas a comienzos de 2026. El pasado 20 de enero, el Gobierno ya había excluido a cuatro empresas, elevando a 27 el total de prepagas dadas de baja en lo que va del año.
El Ejecutivo encuadra estas decisiones dentro de un proceso de depuración y actualización del registro de prestadores, una política que comenzó en 2024 y que fue definida oficialmente como un reordenamiento del sistema de salud privada.
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