El Gobierno de San Juan envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para derogar el Sistema de Participación Abierta Democrática (SIPAD), mecanismo incorporado en la legislación electoral provincial en los últimos años.
La iniciativa fue remitida mediante el Mensaje N° 0010, firmado por el gobernador Marcelo Orrego y dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Martín.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo provincial sostiene que la eliminación del SIPAD apunta a garantizar mayor certeza electoral, un principio considerado clave para el funcionamiento del sistema democrático.
Según se detalla en el documento, el objetivo es contar con un sistema electoral “claro, previsible y fácilmente entendible para el elector”, de modo que cada voto tenga un efecto directo y transparente en la definición de los resultados.
Además, desde el Gobierno argumentan que la modificación permitiría fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral, al simplificar las reglas del sistema y reducir posibles interpretaciones, impugnaciones o conflictos.
El proyecto propone específicamente la derogación del capítulo referido al Instituto Eleccionario – Sistema de Participación Abierta Democrática (SIPAD) de la Ley 2348-N.
Al mismo tiempo, la iniciativa contempla cambios en distintos artículos de la Ley 815-N, correspondiente al Estatuto de los Partidos Políticos.
Entre las modificaciones se establece una nueva clasificación de los partidos políticos —provinciales, municipales, confederaciones y alianzas o frentes electorales— y se fijan pautas para la conformación de alianzas con vistas a cada elección.
También se propone que la nominación de candidatos a cargos electivos se realice mediante elecciones internas cerradas o según lo determinen las cartas orgánicas partidarias, las actas constitutivas o las autoridades de las alianzas o frentes electorales.
Además, el texto mantiene el principio de paridad de género en la conformación de las listas para cargos legislativos.
La iniciativa ahora deberá ser analizada por los diputados provinciales, quienes tendrán la responsabilidad de debatir el proyecto en comisiones y posteriormente definir su eventual aprobación en el recinto.
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