Tras la aprobación en el Senado de la Nación Argentina, la Casa Rosada emitió un comunicado en el que expresó su satisfacción por el avance del proyecto que modifica la Ley 26.639. Según el Ejecutivo, la reforma responde directamente a las demandas de las provincias que integran la Mesa del Litio —Catamarca, Jujuy y Salta— y la Mesa del Cobre —San Juan y Mendoza—, al establecer un marco normativo más claro para el desarrollo del sector.
Desde la Oficina del Presidente de la Nación Argentina señalaron que la nueva redacción delimita con mayor precisión el alcance de la protección ambiental, enfocándose en los glaciares y en aquellas geoformas del entorno periglacial con funciones hídricas relevantes. De esta manera, sostienen que se logra un equilibrio entre la preservación del ecosistema y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales contemplado en la Constitución Nacional.
El comunicado también destacó que la normativa devuelve a los estados provinciales la facultad de administrar sus propios recursos, permitiendo identificar y proteger reservas de manera autónoma. Según el Gobierno, esto reafirma el dominio originario sobre el territorio mientras el proyecto avanza hacia su tratamiento definitivo en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
el mapa político de la votación
La media sanción se alcanzó tras un debate de cuatro horas, con 40 votos a favor y 31 en contra. La Libertad Avanza logró el respaldo necesario mediante acuerdos con Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales.
Un dato político relevante fue el acompañamiento de legisladores del peronismo de provincias mineras, como el senador sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci, quienes respaldaron la iniciativa al priorizar los intereses productivos de sus distritos.
por qué el proyecto es clave para san juan
Para San Juan, la media sanción representa un paso relevante para destrabar inversiones vinculadas a proyectos de cobre y oro en etapa de exploración o factibilidad. Según el Gobierno, la reforma brinda mayor seguridad jurídica al precisar qué áreas están protegidas y cuáles son aptas para el desarrollo de la actividad.
Además, al devolver a la provincia la facultad de administrar y resguardar sus recursos, se agilizan las decisiones sobre el ambiente periglacial. Desde la perspectiva oficial, esto permite compatibilizar la protección ambiental con el crecimiento económico, en una provincia donde la minería forma parte central de su matriz productiva.
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