El Gobierno de San Juan envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para habilitar la subasta de vehículos secuestrados que permanecen abandonados en el Depósito Judicial de 9 de Julio.
La iniciativa apunta a descomprimir el predio, que concentra motos, autos y camionetas retenidos por infracciones de tránsito o vinculados a causas judiciales, y al mismo tiempo generar recursos para la Provincia.
El proyecto propone incorporar un nuevo capítulo a la Ley 1810-A, de Procedimiento para la Disposición Final de Cosas Muebles Peligrosas. De aprobarse, se podrá avanzar con la venta en subasta pública de aquellas unidades que puedan ser recuperadas para circular o que resulten aprovechables para la reutilización de sus partes como autopartes.
¿Cómo funcionaría?
El mecanismo específico de las subastas será establecido posteriormente mediante reglamentación. El texto establece que el procedimiento deberá garantizar publicidad, transparencia y participación de oferentes, tanto personas humanas como jurídicas.
Antes del decomiso deberá intervenir el juzgado correspondiente. La iniciativa establece un plazo de 10 días para que el tribunal manifieste si existe interés en preservar el vehículo. Si no existe esa comunicación dentro del plazo previsto, podrá avanzar el decomiso.
Para los vehículos que no puedan ser recuperados o vendidos, continuará contemplándose la compactación. La chatarra resultante también podrá ser comercializada, ya sea mediante venta directa o subasta, bajo control estatal.
¿A dónde iría el dinero?
El proyecto establece que los fondos obtenidos mediante la subasta de vehículos o la venta de chatarra deberán destinarse a proyectos de infraestructura social, sanitaria, educativa o ambiental, tanto en el ámbito provincial como municipal.
También podrán utilizarse para campañas de concientización, programas sociales y asistencia directa a personas en situación de vulnerabilidad.
Además, el Ministerio de Gobierno deberá llevar un registro y realizar una rendición pública anual sobre el destino de los recursos obtenidos.
Un régimen que busca resolver la acumulación
La Ley 1810-A fue sancionada el 6 de septiembre de 2018, durante la gestión de José Luis Gioja, con el objetivo de abordar la acumulación de vehículos y otros bienes en el Depósito Judicial de 9 de Julio. Posteriormente, durante la gestión de Sergio Uñac, se realizaron al menos dos procesos de compactación.
Ahora, la administración de Marcelo Orrego propone incorporar la posibilidad de subastar los vehículos que todavía tengan valor de uso o de aprovechamiento, además de mantener alternativas para aquellos que solamente puedan ser destinados a chatarra.
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