El Gobierno nacional avanza en un cambio estructural en la política social, al reemplazar el esquema de ingresos garantizados por un sistema basado en incentivos y capacitaciones mediante vouchers.
La iniciativa implica que los actuales beneficiarios deberán optar por capacitarse para acceder a nuevas oportunidades, dejando atrás el modelo de asistencia directa. Desde el oficialismo reconocen que no todos los titulares se sumarán al nuevo sistema, ya sea por falta de interés o porque muchos ya se encuentran trabajando en la informalidad.
En ese sentido, sostienen que el plan de $78.000 no representaba un ingreso suficiente y que, en la práctica, gran parte de los beneficiarios ya tiene alguna actividad laboral. Bajo esta lógica, aseguran que la medida no reduce la participación en el mercado de trabajo, sino que modifica la forma en que el Estado interviene.
Uno de los puntos clave del cambio es su impacto fiscal. La eliminación de unos 900.000 beneficios implicaría un ahorro cercano a los $60.000 millones mensuales, aunque el monto final dependerá del nivel de adhesión al nuevo sistema.
Parte de esos recursos serán destinados a financiar capacitaciones, mientras que otro porcentaje se redireccionará hacia políticas educativas. Sin embargo, la medida abre un debate sobre el impacto social del ajuste y el alcance real de la reconversión laboral que propone el Gobierno.
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